La cuenta de Luis Arce, al igual que la del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, son vitoreadas por cuentas falsas dentro de una operación inauténtica en la red social.
Diez días después de que Evo Morales anunciara desde Buenos Aires que Luis Arce sería el candidato presidencial por parte del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de 2020, la figura del ahora primer mandatario boliviano se estrenó en el universo Twitter.
Su cuenta, cuyo nombre es “LuchoXBolivia”, hizo su primera publicación el 29 de enero de 2020. Arce, economista y exministro en la era Evo, siempre tuvo un perfil bajo, no sólo en medios de comunicación sino también en redes sociales. Su propia personalidad difiere bastante del perfil encantador de masas que tiene Morales. Esto no le ha impedido, sin embargo, presumir una lista de más de 240.000 seguidores en Twitter.
No obstante, y aunque para algunos pueda sonar desilusionante, hay que poner esa cifra de seis dígitos entre signos de interrogación, porque tal parece que una porción de la base de apoyo digital de Arce en Twitter corresponde a cuentas inauténticas que fueron creadas para responder a una operación coordinada. Así lo demuestra una inspección realizada por este equipo periodístico en Twitter el primer semestre de 2023.
El apoyo artificial reflejado en forma de retuits y respuestas inauténticas al primer mandatario también ocurre con otras cuentas del gobierno boliviano, de acuerdo a lo reflejado en un análisis realizado a una base de datos de 10.695 tuits publicados entre el 7 de enero y el 23 de junio de 2023.
Esta revelación es parte de Mercenarios Digitales, una investigación en alianza con 20 medios, cinco organizaciones especialistas en investigación digital y estudiantes de un curso de maestría de la Universidad de Columbia y coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP.
La API (Interfaz de Programación de Aplicaciones, por sus siglas en inglés) de Twitter es un conjunto de protocolos que permiten a investigadores y desarrolladores acceder a información generada por los usuarios de la red social, como los datos de tuits publicados o la información de perfil de los usuarios de la red social. Hasta febrero de este año, era de libre acceso, pero hoy presenta diferentes versiones más restrictivas. En su versión gratuita, nuestro equipo descargó los datos de cientos de tuits que hacían mención al presidente Luis Arce, los ministros Edgar Montaño, Néstor Huanca y al Ministerio de Obras Públicas. Al observar los datos de las cuentas que retuiteaban los contenidos de las autoridades mencionadas, hallamos que estas habían sido creadas en fechas muy cercanas, e incluso más de 100 en un solo día. Sumado a este patrón, encontramos mensajes repetidos en los tuits y comportamientos similares. Es decir, que publicaban los mismas palabras y en horarios similares. De esta manera llegamos a una red de cuentas que funcionan como una hinchada artificial en Twitter en apoyo al presidente Luis Arce.
Entre el 1 de enero y el 16 de marzo de 2023 fueron creadas al menos 453 cuentas de Twitter que se encuentran impulsando una operación de influencia destinada a incrementar la visibilidad y simular una mayor aceptación de algunas autoridades. El objetivo de esta operación es mejorar la popularidad de un conjunto de cuentas entre las que destaca la del presidente Luis Arce (@LuchoXBolivia), la de los ministros Néstor Huanca (@Nestor_HuancaCh) y Edgar Montaño (@EMontanoRojas). Además de la del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (@mopsv_Bolivia).
El 1 de marzo de 2023 representa la fecha con mayor cantidad de cuentas creadas. Al menos 144 cuentas de Twitter con similares características fueron creadas ese día, una cantidad atípica de perfiles que levantó sospechas sobre la existencia de una operación de influencia en curso.
En conjunto, las cuentas publicaron entre el 2 de enero y el 23 de junio del presente año gran cantidad de respuestas favorables a cuentas relacionadas con el Estado boliviano: 2.564 respuestas dirigidas a la Agencia Estatal de Vivienda (@AeviBolivia), 2.201 a la cuenta oficial del presidente (@LuchoXBolivia), 1.262 a la del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (@MOPSV_Bolivia) y 863 a la del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (@MDPyEPBolivia).
Un documento sobre tácticas desinformativas publicado por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) de los Estados Unidos describe una táctica que encaja con el comportamiento no auténtico de las cuentas detectadas, el "astroturfing". La estrategia consiste en crear perfiles ficticios para publicar contenido de manera masiva y coordinada en redes sociales, creando la apariencia de apoyo espontáneo a una entidad política, institución o causa específica en el ciberespacio, mientras oculta su verdadero origen. La combinación de ésta y otras tácticas de desinformación encubiertas con estrategias más transparentes, como la inversión en publicidad digital en redes sociales y Google, revela una posible operación de influencia que parece tener la intención de mejorar la percepción del desempeño de diversos ministerios bolivianos en las redes sociales, dando la impresión de que son eficientes y gozan de respaldo popular, aunque gran parte de ese apoyo pueda provenir de cuentas falsas.
El comportamiento de esta coordinación en Twitter es similar al observado en otras redes de perfiles falsos similares detectados en Latinoamérica, compuestas por cuentas con comportamiento similar a bot (es decir, que están automatizadas), o bien por equipos de tuiteros humanos que manejaron cuentas trolls o participaron en campañas de "astroturfing", simulando ser usuarios espontáneos, pero que en todos los casos fueron suspendidas por la red social.
En una minoría de casos, las cuentas observadas publicaron contenido repetitivo de tipo propagandístico, apoyando en todos los casos a las actividades desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), por el ministro Montaño o el propio presidente Arce, o amplificando narrativas gubernamentales. El objetivo primordial no es compartir contenido propagandístico sino alabar al presidente o al ministro.
La mayoría de las cuentas de la red presentan escasa información de perfil que las identifique como legítimas, careciendo de datos biográficos y fotos de perfil. A pesar de ello, varios nombres y algunas fotografías utilizadas por estas cuentas permitieron verificar que emplean nombres reales de funcionarios públicos.
A través de la búsqueda de los nombres de las cuentas en el sistema público de declaraciones juradas (un documento que identifica nombre, entidad y bienes del funcionario público) de la Contraloría General del Estado de Bolivia, encontramos coincidencias con nombres de actuales funcionarios públicos.
Un conjunto de al menos 24 cuentas coincide con nombres de trabajadores de empresas estatales, todas dependientes del MOPSV. Estas empresas son: la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción (EBC).
No se ha identificado si estas cuentas son manejadas por los propios funcionarios a voluntad propia o como parte de una operación de propaganda coordinada en la que reciben la orden sobre qué comentar y en qué momento; o si se trata de funcionarios cuyos datos fueron usados para involucrar sus nombres en la amplificación de propaganda digital. Sin embargo, la coincidencia en las fechas de creación de las cuentas y su similar comportamiento nos muestran que se trata de una operación que no es orgánica y espontánea sino de influencia.
Este equipo periodístico intentó contactar a los funcionarios cuyos nombres fueron detectados pero no obtuvimos respuestas de su parte. Asímismo, elevamos la consulta sobre su actividad a las carteras ministeriales a las que pertenecen pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta publicación.
El 1 de marzo de 2023, el exministro Carlos Romero denunció en conferencia de prensa que el gobierno de Luis Arce paga pauta a la empresa Entel Dinámica (subsidiaria de la estatal Entel) para publicitar contenido en redes sociales. Según Romero, los montos de Entel Dinámica también se usan para pagar la creación de cuentas falsas que se dedican a atacar a adversarios políticos.
Aunque el exministro no presentó evidencia sobre la ejecución del dinero recibido por Entel Dinámica, sugirió que se investigue el tema desde una comisión específica en el legislativo ya que, según señaló, los pagos que recibe la empresa son exorbitantes en relación a sus flujos de años anteriores.
Entel Dinámica fue creada el 9 de abril del 2015, mediante Escritura Pública N° 214/201 , para ofrecer servicios de publicidad en medios de comunicación escritos, orales, redes sociales, audiovisuales y otros servicios auxiliares.
Según datos del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), Entel Dinámica recibió más de 23 millones de bolivianos entre 2021 y 2023. Los contratos fueron suscritos con distintas instancias estatales como el Ministerio de la Presidencia, Impuestos Nacionales y el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.
Lo que llama la atención y resulta al menos curioso es que el día con el mayor pico de creación de cuentas falsas (144 cuentas de la red), fue solo un día después de que Entel Dinámica firmó un contrato por más de12.000 dólares con el Ministerio de Obras Públicas (MOPSV/DGAA/UA/CD N. 010/2023).
El 23 de febrero de 2023, Meta publicó el “Informe de amenazas adversas de Meta, cuarto trimestre de 2022” , en el que confirmó la baja de 1.041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas de Instagram. Esta es otra red inauténtica de Facebook que halló Meta (distinta a la de Twitter mencionada anteriormente) y que formaba parte de una operación mixta con “comportamiento inauténtico coordinado”, de acuerdo a la clasificación de Meta. Es decir, es una red de cuentas que difunden contenidos para manipular el debate público con un objetivo definido y con ayuda de cuentas falsas.
Sobre esto, Meta escribió: “denunciamos el aumento de las operaciones de influencia interna, que son especialmente preocupantes cuando combinan técnicas engañosas con el poder real de un Estado”. En el informe, Meta dijo que esta operación está vinculada al Gobierno actual de Bolivia y al Movimiento al Socialismo (partido oficialista), incluyendo a los denominados ‘Guerreros digitales’”. La operación “se involucró tanto en un comportamiento inauténtico coordinado como en reportajes masivos (o reportajes abusivos coordinados) en apoyo al gobierno boliviano y para criticar e intentar silenciar a la oposición”, menciona el documento.
La cifra de más de 1.000 cuentas bajadas es una de las más altas reportadas en los informes de Meta de los últimos cinco años. Por otra parte, el reporte señala que las cuentas identificadas gastaron 1,2 millones de dólares en publicidad en Facebook e Instagram. Es decir, se designaron presupuestos altos para poder amplificar esta red en favor del Gobierno de Bolivia.
Frente a la publicación de Meta, autoridades del gobierno boliviano negaron un vínculo con las cuentas. La ministra de presidencia, María Nela Prada manifestó que: “mínimamente para hacer declaraciones de ese tipo debieron hacer las consultas correspondientes para ver si existe vinculación o no con instancias de nuestro gobierno”. Acusó de “sospechosa” la investigación de Meta por haber bajado cuentas de varios gobiernos de izquierda. En tanto, el director jurídico de la Autoridad de Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Marcio Gutiérrez, señaló: “solo es un reporte unilateral de la empresa Facebook donde no tienen documentos, análisis relevantes o términos probatorios”.
Nuestro equipo accedió a los nombres de usuarios de Facebook que fueron eliminados por Meta en la operación de diciembre del año pasado. Al hacer una búsqueda del listado de cuentas de usuarios eliminadas, constatamos que al menos 39 coinciden con nombres de funcionarios públicos. Esto fue verificado buscando los nombres en los registros de declaraciones juradas de la Contraloría General del Estado Boliviano. Los funcionarios públicos identificados trabajan en Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, el Ministerio de Presidencia, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), las Fuerzas Aéreas, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Servicio de Impuestos Nacionales, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Gobierno, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, algunos gobiernos municipales y en instancias departamentales en menor medida.
¿Qué compartían estos usuarios? Según la misma base de datos, la mayoría de publicaciones identificadas compartieron contenidos de las páginas “Lucho Arce”, “Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia”, “Aduana Nacional Bolivia” y “Evo Morales Ayma”. Las tres primeras se tratan de páginas oficiales, incluida la del presidente de Bolivia, Luis Arce. Esto quiere decir que los usuarios dados de baja funcionaron como nudos amplificadores de contenidos oficiales del presidente y otras instancias gubernamentales.
Por otra parte, se observa que los usuarios compartían contenidos de la página “La Zurda”, identificada en 21 notas por el portal de fact-checking Bolivia Verifica como una página que difunde desinformación. A través de una publicación, La Zurda reconoció que su cuenta fue bajada por Facebook.
A finales de agosto de 2022, “La Zurda Radio” publicó una noticia falsa , imitando la línea gráfica del periódico nacional El Deber en la que mostraba una fotocita, supuestamente del senador Leonardo Loza, en apoyo a la marcha convocada por un grupo de cocaleros, en un episodio de tensión entre este sector y el Gobierno Nacional.
Otro contenido que compartió La Zurda es una fotocita falsa de Carolina Ribera (hija de la expresidenta Jeanine Añez), imitando la línea gráfica del periódico La Razón en la que se le acusa de decir “que iban a volar Senkata [lugar ubicado en La Paz, Bolivia] y matar a 2 millones de personas”.
La Zurda, viralizó una imagen acusando falsamente a Radio Fides de compartir imágenes pasadas del 2019 para ilustrar el paro cívico de 2021 en Bolivia. Pese a su contenido de desinformación, se evidenció que autoridades del gobierno actual y de la pasada gestión sostuvieron vínculos con ese medio digital.
La exministra de comunicación del gobierno de Evo Morales, Amanda Dávila, lamentó el cierre de esta página. “La página de @LaZurdaRadioBo que batalló, desde 2018, contra la hegemonía mediática apoyando a gobiernos de izquierda de A. Latina fue cerrada como si fuese una ‘cuenta falsa’ por Facebook, un acto que viola la libertad de opinión”, dice un tuit que publicó Ávila desde su cuenta personal. Por otra parte, la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, fue entrevistada por este medio el año pasado. Al finalizar la misma, dijo: “sabemos que son un medio alternativo que han estado constante informando las noticias y estos espacios son importantes para nosotros para que podamos transmitir lo que hacemos”. Así también José Daniel Llorenti, el entonces jefe de comunicación del Ministerio de Gobierno, aportó con columnas de opinión a La Zurda Radio.
Por otra parte, al hacer una revisión de las páginas dadas de baja por Facebook, identificamos que al menos 49 de estas se categorizaban como “medios de comunicación” o “agencias de noticias”. Sin embargo, las mismas compartían constantes ataques y desinformación contra opositores y líderes cívicos. Entre las páginas dadas de baja, se encuentra, por ejemplo, “La Resistencia”, misma que compartió diversos contenidos de desinformación y que fueron encontrados a través de la herramienta Crowdtangle. Este portal acusó al periódico nacional El Deber de ser considerado como un “medio no confiable” por Facebook. Sin embargo, luego publicó un artículo en el que descalificó el último informe de Meta que bajó cuentas vinculadas a los guerreros digitales.
El Gobierno de Luis Arce Catacora firmó un contrato con La Resistencia por servicios publicidad. La publicidad estatal es visible en su sitio web. El contrato tiene el número de CUCE 2-0025-00-1264422-0-E y fue firmado en diciembre del año pasado por un monto de 7.000 dólares.
El gobierno boliviano, a través de diversas estrategias, intenta ganar mayor visibilidad en las esferas de Facebook y Twitter. La regulación de redes sociales en Bolivia, sin convertirla en instrumento de censura, es una tarea aún pendiente. El miembro de la organización Internet Bolivia, Wilmer Machaca, dijo que se han registrado al menos cuatro intentos de normativas de regulación pero que ninguno partió de un debate serio y que todos se centraron en un aspecto más punitivo. Así mismo, señaló que las estrategias coordinadas en redes sociales no sólo provienen del Gobierno Nacional sino que se amplían a diversos niveles de Estado. Lo que más preocupa de este escenario es que el acceso a la información se ve contaminado. Cristian León, director de Internet Bolivia, dijo que estas estrategias generan un espacio más polarizado, donde “no tenemos un acceso a verdadera información ni fuentes alternativas”. Y en donde, probablemente si no somos advertidos, creeremos que son auténticas las hinchadas artificiales que abundan en redes sociales.
Descargue aquí un Glosario que precisa los significados de palabras o frases referentes a los fenómenos digitales usados en esta investigación
Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL
y Agência Pública (Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión
Pública (Colombia), CRHoy, Interferencia y Lado B (Costa
Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18 (Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres periodistas
investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela),
Fundación Karisma (Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DFRLab (EEUU); y estudiantes del curso de maestría
Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia
EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.
Con apoyo financiero de Free
Press Unlimited, el programa Redes contra el silencio (ASDI), Seattle International Foundation y
Rockefeller Brothers Foundation.