Los narcos reclutan fácilmente a mujeres pobres para llevar cocaína hasta las grandes ciudades de Chile, donde abundan los consumidores y la droga multiplica su valor por 7.
Por su parte, los gobiernos de Chile y Bolivia invierten grandes sumas en la persecución del narcotráfico, pero las fiscalías de ambos países no realizan investigaciones conjuntas que permitan detener las grandes mafias;
por eso, quienes caen son los eslabones más débiles de la cadena.
El viaje de las mujeres bolivianas reclutadas por el narco suele terminar en un container ubicado frente a la Unidad de Urgencia del Hospital de Iquique. Ahí pueden pasar hasta 5 días sentadas en una banca, sin posibilidad
de recostarse, mientras evacúan hasta el último ovoide de sus intestinos.
Otras ni siquiera alcanzan a cruzar la frontera. Son arrestadas y encarceladas en la misma Bolivia, quedando presas en condiciones más precarias y por periodos más prolongados de tiempo.
Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas y la tensión entre sus autoridades es histórica. Después de la demanda marítima boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la relación ha
llegado a su peor estado en lo que va de los últimos 30 años. Tanto es así que la reunión bilateral programada para septiembre de 2018, en la que se discutirían temas fronterizos, entre ellos la lucha contra el narcotráfico,
fue suspendida por el gobierno chileno. “No está dado el clima y el ambiente para tener una reunión productiva”, dijo el canciller de este país Roberto Ampuero.
Mientras tanto, las mafias siguen reclutando diariamente a personas pobres en zonas rurales, barrios vulnerables y terminales de buses. Las envían a un viaje que muchas veces termina en la cárcel.
En esta investigación colaborativa participaron los periódicos EL DEBER (Bolivia); El Mercurio de Antofagasta (Chile), La Estrella de Iquique (Chile) y la plataforma periodística para las Américas, Connectas.
Durante 6 meses se recopilaron los testimonios de mujeres encarceladas por narcotráfico, policías, fiscalías, defensorías y entes gubernamentales. Además, se revisaron más de 300 sentencias cursadas entre 2017 y el primer
semestre de 2018 en tribunales del norte de Chile para así lograr entender el origen de este problema.
Investigación realizada por Cristian Ascencio del Diario El Mercurio de Antofagasta (Chile), Nelfi Fernández del Diario El Deber (Bolivia) y Carlos Luz del Diario La Estrella de Iquique (Chile) en alianza con CONNECTAS