Chile: La fórmula de minera Quiborax para saltarse las reglas en el Salar de Surire

• La Superintendencia de Medio Ambiente investiga a la empresa minera Quiborax, luego de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) la denunciara por intentar eludir la evaluación ambiental.
• La denuncia surgió luego de que Conaf determinó que la empresa estaba incumpliendo una serie de restricciones ambientales en el salar de Surire, considerado Monumento Natural por ser una de los principales sitios en América del Sur para la reproducción de tres especies de flamenco. 
• Quiborax ha negado todas las acusaciones asegurando que Conaf está malinterpretado la norma. Un equipo periodístico de Mongabay Latam y Ciper analizó una filtración de más de un millón de correos electrónicos enviados entre altos ejecutivos de Quiborax. Las comunicaciones, que fueron cotejadas con documentos oficiales, dan cuenta de la elaboración de un plan para flexibilizar las restricciones establecidas en los permisos ambientales y poder así extraer mineral desde zonas restringidas.

Esta historia es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Ciper

Cientos de botellas de plástico llenas de orina humana están tiradas al borde del camino internacional que conecta Chile con Bolivia, específicamente en el kilómetro 58, frente a la planta El Águila de la empresa minera Quiborax. También hay papel higiénico usado, pañales y bolsas con restos de hoja de coca. El lugar concentra las paradas de descanso de los camioneros que llevan y traen la ulexita que Quiborax extrae del Salar de Surire, a más de 4200 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano de la región de Arica, y con la cual produce el ácido bórico que exporta a más de 50 países para ser utilizado como fertilizante. La explicación es que los camioneros no tienen baños donde hacer sus necesidades.

Las botellas con orina frente a la planta El Águila, sin embargo, son un problema insignificante para Quiborax si se compara con la investigación que actualmente enfrenta y que amenaza su negocio. En diciembre de 2022, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) —que en Chile tiene a cargo la conservación de las áreas protegidas terrestres— ingresó una denuncia a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), acusando a la minera de intentar eludir la evaluación ambiental. La investigación, según confirmó la SMA a esta alianza periodística, sigue en curso.

La denuncia surgió luego de que la Conaf determinara, durante una fiscalización de agosto de 2022, que la empresa estaba incumpliendo restricciones ambientales y poniendo en peligro la sobrevivencia de las tres especies de flamenco que utilizan el salar de Surire para reproducirse y que justifican, en gran medida, su categoría de Monumento Natural: el flamenco james (Phoenicoparrus jamesi), el andino (Phoenicoparrus andinus) y el chileno (Phoenicopterus chilensis), todos enlistados en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Meses después de esos hallazgos, la Conaf reparó en que durante esa temporada ninguna de las tres especies de flamenco logró reproducirse.

Quiborax negó categóricamente las acusaciones de Conaf y agitó la bandera del desempleo, por lo que los trabajadores salieron a manifestarse en favor de su empleador y el conflicto alcanzó ribetes políticos. Según la empresa, la nueva directora de Conaf en la región de Arica y Parinacota, Ingrid Robles —quien luego de asumir el cargo en julio de 2022 reparó en los incumplimientos y realizó la denuncia— malinterpretó la norma y no consideró los acuerdos que Quiborax y la administración anterior de Conaf habían alcanzado, ignorando años de trabajo en conjunto y buenas relaciones en beneficio del Monumento Natural.

“Desde hace aproximadamente un año y medio, la actual directiva regional de dicha Corporación ha intentado —sin sustento alguno y de manera descarnada— denostar, perjudicar y entorpecer las operaciones de nuestra compañía, de sus trabajadores y de todos quienes dependen directa y/o indirectamente de la actividad económica que válida, responsable y legítimamente ejecuta en la región”, le dijo a esta alianza periodística Daniel Ocqueteau, gerente Legal y de Asuntos Públicos de Quiborax.

Esta investigación da cuenta de una historia diferente. Un equipo de Mongabay Latam y Ciper, analizó una serie de correos electrónicos enviados entre altos ejecutivos de Quiborax durante los años 2007 al 2022, y que forman parte de un paquete de más de un millón de emails de la minera que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya. En total son más de 800 gigabytes que fueron distribuidos por las plataformas DDO Secrets y Enlace Hacktivista, que divulgan filtraciones y hackeos a empresas, gobiernos y fuerzas armadas a nivel global.

En los correos electrónicos se puede leer que no fue Ingrid Robles —la actual directora regional de Conaf— quien malinterpretó la norma, sino que la empresa, con la ayuda de la anterior administración de Conaf en Arica, a cargo de Héctor Peñaranda, buscó flexibilizar las restricciones establecidas en los permisos de tal manera que le fuera posible extraer mineral, al interior del Monumento, en zonas donde tenía prohibido acceder.

Aunque no es posible saber si en la filtración de correos electrónicos están las conversaciones completas o si hay vacíos, la información de los emails publicada en esta investigación fue cotejada por el equipo periodístico con documentos oficiales obtenidos por transparencia de Conaf, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), los Ministerios de Agricultura y Minería y la Secretaría Regional del Ministerio de Medio Ambiente (Seremi) en Arica.

Los periodistas también visitaron el salar de Surire, recorrieron los poblados que existen en sus cercanías, entrevistaron a líderes y comuneros indígenas además de científicos y enviaron preguntas por escrito a los organismos públicos implicados que respondieron por la misma vía.

Según la versión de la empresa, los hallazgos de esta investigación periodística son “una imputación absolutamente improcedente, dañina e infundada”. Sin embargo, el rastro que dejó Quiborax, mientras planeaba la manera de extender sus faenas más allá de los límites, habla por sí solo.

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“Es una gran oportunidad para dar un golpe de timón”

Los dueños de Quiborax —las familias Fosk, Frenkel, Maragaño, Fux y Kaplún— no están acostumbrados a enfrentarse con la autoridad. Durante los 37 años de explotación del salar, sólo en 2008 la Conaf intentó un litigio judicial, que terminó perdiendo. Se trata de una de las principales empresas de la Región de Arica y Parinacota. Sólo en 2021, registró ingresos por US$71,8 millones, las utilidades llegaron a US$1,65 millón y, según declara públicamente, otorga trabajo a 1800 personas.

Por eso, los vecinos del salar, mayoritariamente indígenas aymaras, están divididos. “A mí Quiborax me dio la oportunidad de poder trabajar en la empresa. La minera da trabajo a los lugareños, y eso es importante también, porque no hay otra manera de sustentarse acá en esta zona”, afirma Wilfor Tellez, que vive en el sector de Ancuta junto a su familia.

Otros lugareños, que continúan dedicándose a la agricultura y a la crianza de ganado, llevan años denunciando los impactos ambientales en el salar. La contaminación que se genera por el paso diario de las decenas de camiones de alto tonelaje que le prestan servicios a la minera es, reclaman, uno de los impactos que más les afecta. “Todo mi ganado come al lado de la carretera, entonces es mucho polvo, y los caminos lo tratan con sal, entonces cuando riegan ese polvo se pega en los bofedales, se pega en las tolas [arbustos], y las quema. Y eso afecta mucho la comida de mis animales. Fuera de eso, cuando arreglan los caminos, dejan unos montículos altos de tierra, eso también me afecta porque mis animales a veces no pueden atravesar. Incluso uno, de la tercera edad, tampoco puede”, afirma Juan Quispe, vecino del poblado de Vislubio.

Quiborax logró la autorización para extraer ulexita en el Salar de Surire mediante dos decretos supremos emitidos en dictadura. El primero —Decreto Supremo (DS) 116, de 1978—, le dio permiso para explotar las pertenencias mineras [o concesiones] Santa Marta 1 al 245, y un segundo DS 12, de 1989, la autorizó a explotar las pertenencias Quiborax y Soquimbor. Ambos decretos llevan la firma de Augusto Pinochet.

Entre ambos, eso sí, hay una diferencia fundamental. Mientras el DS de 1978 no estableció mayores restricciones para la explotación, solo menciona que no se podrá generar menoscabo a la flora y fauna, el decreto de 1989 sí fijó límites claros: no podrán realizarse actividades extractivas a menos de tres kilómetros de las zonas de reproducción de los flamencos; tampoco a menos de 700 metros de las lagunas que se forman en el salar, donde se alimentan estas aves, y la profundidad de la extracción no podrá exceder los 30 centímetros. (vea aquí el decreto de 1978, y aquí el de 1989).

El decreto de 1978 fue complementado recién en 2010, luego de que Quiborax le ganó un litigio judicial a la Conaf, a través de un Plan de Gestión Ambiental presentado por la empresa. Allí se consensuó que las pertenencias mineras denominadas Santa Marta tendrían algunas condiciones para su explotación, aunque menos restrictivas que las otras reguladas por el decreto de 1989. La empresa tendría que mantener una distancia de 500 metros de los sitios de reproducción de los flamencos, y 200 metros de las lagunas.

Esas restricciones disímiles son importantes en esta historia.

En 2019, Quiborax comenzó una ofensiva para intentar relajar los límites a su explotación en los sitios regulados por el decreto de 1989. Así consta en los correos electrónicos de la empresa filtrados por Guacamaya, y que fueron revisados por este equipo periodístico. Los detalles de esa ofensiva corresponden, justamente, a las infracciones observadas durante las inspecciones de Conaf en 2022 y que llevaron a Ingrid Robles a ingresar una denuncia en contra de Quiborax.

El 6 de junio de 2019, a pocos días de que la empresa iniciara sus actividades para ese año, Rafael Fernández, jefe de medio ambiente de Quiborax, envió un correo al gerente general de la empresa, Allan Fosk; al subgerente, Daniel Vizcarra y al gerente legal, Daniel Ocqueteau. Allí, Fernández informó que se había identificado un antiguo sector de nidificación de los flamencos, probablemente de hace unos cuatro años, pero que no presentaba indicios de ocupación:

— Estos son los sitios que debemos consensuar con Conaf, que cuando no presenten nidificación reciente, mantengamos una exclusión según lo planteado en el DS 116 ( de 500 m) y no una exclusión de 3 km cómo considera el DS 12. Es algo a convenir. Con lo anterior liberaríamos más superficie de buena ley a extraer, escribió Fernández en ese email.

Luego agregó que debido a esa restricción, la del DS 12 de 1989, “prácticamente no hay espacio para operar”. La empresa buscaba que los sitios de nidificación de los flamencos que no estuvieran siendo ocupados por las aves, se denominaran “sitios potenciales de reproducción”, y que allí las restricciones se relajaran.

El 21 de agosto de 2020, los planes de Quiborax seguían su curso. En una cadena de correos electrónicos donde los principales ejecutivos de la minera preparaban una reunión clave que tendrían con el entonces director regional de Conaf en Arica, Héctor Peñaranda, para lograr su objetivo, el gerente legal de la empresa, Daniel Ocqueteau, fue aún más explícito:

— Es una gran oportunidad para dar un golpe de timón en la proyección de nuestra explotación. Estos conceptos (diferenciar sitios de reproducción y sitios “potenciales”) son esenciales para la viabilidad de nuestra extracción a mediano y largo plazo, especialmente en zonas que aún no explotamos por causa de las restricciones regulatorias de los Decretos en juego, escribió Ocqueteau.

Los ejecutivos sabían que se trataba de un tema controversial. Al inicio de la cadena de emails, entre los destinatarios aparecía Romina Blanco, que trabajaba en Quiborax como apoyo a las labores de Medio Ambiente, pero que también formaba parte de la comunidad indígena en torno al salar. La advertencia la dio el entonces representante legal, Rafael Vizcarra: “En mi opinión estamos abriendo mucho el tema. Romina nunca ha participado y es parte de las comunidades”.

El 25 de agosto de 2020 se concretó la reunión con la Conaf. Participaron Rafael Fernández, por Quiborax, y Héctor Peñaranda, entonces director regional de Conaf. El tema tratado fue “actividades extractivas en el MM NN SS (Monumento Natural Salar de Surire) DS 12 y 116”, según aparece en el registro de lobby de esa cita.

Tres semanas después, los correos electrónicos de la empresa muestran que los ejecutivos ya estaban trabajando en un protocolo con Conaf para sellar los acuerdos. El 14 de septiembre de 2020, Daniel Ocqueteau —gerente legal— le envió un borrador de ese protocolo a Allan Fosk, gerente general; Pedro Vizcarra, subgerente; y Rafael Fernández, jefe de medio ambiente:

— Rafa, adjunto el protocolo con algunos párrafos que incorporé. También metí mano a la ortografía porque tenía muchos motes. No los marqué para no incomodar a la gente de CONAF. Lo que sí marqué es un comentario en los dos primeros párrafos, para que lo revises en detalle. Ojalá esto se concrete porque sería un hito grandioso para QB (Quiborax), indica ese correo.

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El protocolo fantasma

La elaboración del protocolo junto a Conaf era un asunto de máxima relevancia para los ejecutivos de Quiborax. Al relajar las restricciones en las pertenencias mineras reguladas por el decreto de 1989, liberarían mucho territorio para ser explotado. Por eso, el 14 de septiembre de 2020 estuvieron todo el día trabajando distintas versiones de ese documento, como consta en una serie de correos electrónicos que se intercambiaron.

Un día después, el 15 de septiembre a las 09:25, ya iban en la cuarta versión. “Van mis comentarios”, escribió Allan Fosk en un correo que le envió a Fernández, Ocqueteau y Vizcarra, y donde iba adjunto el borrador del protocolo.

El análisis de los metadatos de ese archivo, muestra la trazabilidad del borrador del protocolo. El archivo original fue creado el 5 de septiembre de 2020 por Carlos Nassar San Martín, entonces jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf en Arica (se jubilaría poco después, en junio de 2021). El 10 de septiembre el archivo comenzó a ser modificado. El autor original de esas modificaciones fue Rafael Fernández, de Quiborax. El 15 de septiembre, el borrador volvió a ser modificado, esta vez por Allan Fosk, gerente general y uno de los dueños de la empresa.

Consultado Héctor Peñaranda sobre por qué permitió que Quiborax redactara un documento de Conaf, el ex director no entregó respuestas. La empresa, por su parte, argumentó que “es normal que una empresa minera como Quiborax interactúe y colabore con quien lo supervigila”.

El documento se titula “Protocolo de intervención, demarcación de colonias de reproducción de flamencos y de lagunas permanentes al interior del monumento natural salar de Surire, para los fines del decreto n° 12 del año 1989”, y en él quedan establecidas las demandas de la empresa.

En el documento aparece el concepto de “sitios potenciales de reproducción”, y se indica que la exclusión de esos sectores será de 500 metros, y no de 3000, como dicta el DS 12 de 1989. También se deja a firma la posibilidad de extraer a una profundidad mayor de 30 centímetros: “La extracción considerará el manto mineralizado, la que se hará por una sola vez, dando paso a su nivelación y etapa de cierre y abandono”. El promedio de profundidad de ese manto mineralizado es de 1,4 metros.

En ese punto Conaf puso resistencia. Un correo electrónico del 2 de octubre de 2020, enviado por Rafael Fernández a Ocqueteau, Vizcarra y Fosk, lo explica. También da luces de que ese protocolo fue revisado por las oficinas en Santiago de Conaf:

—Estimados, envío Borrador de Protocolo, enviado de Santiago (unidad técnica). En lo medular, persisten en los 30 cm. El lunes lo envía completo y formalmente, escribió.

A pesar de la resistencia, los emails de la empresa muestran que Quiborax no se daba por vencida en este punto.

El 27 de noviembre de 2020, Rafael Fernández lo dejó por escrito en un correo:

—Como saben con Conaf hemos llegado a ciertos acuerdos que viabilizan la extracción en las pertenencias Quiborax, que se encuentran autorizadas y con restricciones de acuerdo al DS 12. Una de ellas era la definición de Colonia de reproducción, la cual está Ok. Ahora la solicitud es de extraer todo el manto mineralizado (1.4 m promedio) en donde tenemos una restricción por Decreto que señala que solo se podrán extraer a una profundidad de 30 cm.

Para lograr ese objetivo, Fernández le pidió al Centro de Estudio Ambiental (CEA), una consultora pagada por la empresa que se hace cargo de elaborar sus informes en la materia, que le “validara ambientalmente la propuesta”. La siguiente reunión con la Conaf estaba fechada para el 7 de diciembre de ese año, pero se atrasó.

El 10 de diciembre de 2020 ya tenían el documento ambiental en sus manos, pero pidieron ajustes. Pedro Vizcarra le escribió a las 02:58 de la madrugada a Rafael Fernández, en un correo donde adjuntó el informe: “Rafita, falta afinar un poco más, lo conversamos mañana temprano”. Pocas horas después, se concretó la reunión con Conaf. En ella participaron Héctor Peñaranda, Carla Castro (gerenta de fiscalización y evaluación ambiental), y Fernando Llona, entonces fiscal de la Conaf en Arica. La materia a tratar fue “criterios de programa extractivo Mina Salar de Surire”, según el registro de la ley de lobby, que regula la relación entre particulares y autoridades tomadoras de decisiones, obligando a transparentar las reuniones realizadas entre ambas partes.

En los sucesivos correos que Vizcarra, Fernández y Ocqueteau intercambiaron, el ex director regional de Conaf, Héctor Peñaranda, aparece, a ojos de los empresarios, como un personaje clave para intentar influir en la decisión del fiscal. “Es importante que como autoridad regional él refuerce la posición de Conaf ante su Fiscalía”, escribió Daniel Ocqueteau en un correo fechado el 15 de diciembre de 2020, donde le pedía a Rafael Fernández que, por favor, le insistiera con eso a Peñaranda.

—Héctor Peñaranda dice que el fiscal lo tiene claro, respondió Fernández. Me comentó que terminada la reunión del día viernes, se quedó con él reforzando y aclarando los beneficios ambientales de la propuesta.

—”Es fundamental que el [director] regional respalde este cambio que va en beneficio del Monumento Natural. Yo lo llamaré nuevamente en la noche. Hay que jugarse todas las opciones ahora”, contestó Daniel Ocqueteau.

La Fiscalía finalmente se pronunció detallando, en una carta a la que este equipo periodístico tuvo acceso por transparencia y que confirma la elaboración del protocolo, que “bajo ninguna circunstancia” Conaf “podrá conferir permisos o autorizaciones no contenidas en pronunciamientos oficiales de los órganos del Estado pertinentes”. Y es que “la Corporación Nacional Forestal no posee facultades de interpretación de los Decretos Supremos, ni tampoco la de modificar la normativa vigente”, aseguró Ingrid Robles a esta alianza periodística. Así mismo, el Director Ejecutivo de la Conaf, Cristian Little, le dijo al Ministro de Agricultura que “no se puede a través de un acto administrativo contravenir lo normado a nivel legal o reglamentado”. Eso es “ilegal”, le dijo en una carta enviada en diciembre de 2022 en referencia al conflicto surgido con Quiborax.

Al parecer, el pronunciamiento de la Fiscalía habría frenado la firma del protocolo, puesto que Conaf asegura no tener conocimiento de él y ni siquiera Quiborax tiene una copia: “Es evidente que si CONAF no lo tiene, mal podría tenerlo la empresa”, dijo en las respuestas enviadas para esta investigación. Es más, según la Corporación, no existe ningún respaldo físico de los acuerdos que la empresa dice haber consensuado con la anterior administración.

Aunque la extracción completa del manto mineralizado no se concretó, las inspecciones de 2022 —a cargo del fiscalizador José Luis Urrutia— dieron cuenta de que en las concesiones regidas por el DS 12 de 1989, la profundidad de extracción superó los 30 cm en forma frecuente, aunque esto nunca fue advertido antes. Esa fiscalización de Conaf también constató que la minera estaba extrayendo material a una distancia menor de 3000 metros de los sitios de reproducción, que según lo que aparece en los correos, fue una solicitud de la minera que habría sido aceptada por Conaf.

En la experiencia del biólogo e investigador, Yerko Vilina, experto en la ecología de aves, un sitio de nidificación antiguo puede, sin lugar a dudas, volver a ser ocupado por los flamencos para reproducirse siempre y cuando se cumplan las condiciones. “Ellos eligen, para nidificar, ciertas condiciones particulares que tienen que ver con el nivel de la columna de agua que tenga el salar o la laguna, la disponibilidad de alimento, la presencia de depredadores y de actividades antrópicas”, es decir, humanas. Otros dos científicos consultados para esta investigación coincidieron con Vilina quien asegura, que “el concepto de sitio potencial de nidificación es un concepto equívoco, en este caso, dado que sí existen registros de nidificación anteriores. ¿Quién dijo que un sitio donde no se están reproduciendo un año los flamencos no es un sitio de reproducción? ¿La conclusión tiene que ver con la biología de los flamencos o con los intereses económicos de la empresa? Lo que está sucediendo aquí es que se están destruyendo sitios históricos de nidificación”.

Este equipo periodístico envió preguntas a Héctor Peñaranda para conocer por qué no reparó en sus informes que la empresa estaba extrayendo material a profundidades mayores que 30 centímetros o por qué acordó con la empresa que ésta podría acercarse hasta 500 metros de los sitios de nidificación que no estuvieran activos. Hasta la publicación de este reportaje el ex director de Conaf no respondió. La empresa, por su parte, aseguró que no incumplió con ninguna restricción y que las mediciones realizadas por Conaf, en lo que respecta las profundidades de extracción, son incorrectas debido a errores en la metodología utilizada. Esto, sin embargo, fue descartado por la Corporación que confirmó la infracción.

Pero el apoyo de Peñaranda a iniciativas impulsadas por la empresa en aras de flexibilizar las restricciones, no acaba ahí.

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Un tablero de ajedrez

Otra de las infracciones que Conaf observó durante su inspección de agosto de 2022, fue que, producto de las extracciones de Quiborax, habían aparecido lagunas artificiales en el salar. Ante esto, la empresa le respondió a la Corporación, de manera despreocupada, que siempre habría una modificación de la topografía puesto que “la actividad extractiva, como bien se indica, considera el retiro del mineral”. Sin embargo, desmintió que se tratara de algo grave y aseguró que todos los informes que anualmente realiza la consultora CEA, indican que “el proyecto no ha afectado el valor paisajístico de la zona de intervención ni tampoco el panorama visual”. Dichos informes, asegura Quiborax, “han sido validados por años por la Corporación Nacional Forestal Regional”.

Los correos electrónicos, sin embargo, dan cuenta de una realidad diferente y que, lejos de ser un tema irrelevante, la formación de lagunas artificiales no sólo preocupó a los ejecutivos de Quiborax, sino que motivó una estrategia para resguardarse de una posible acusación por parte de las autoridades.

“Este es un tema de suma sensibilidad”, escribió Daniel Ocqueteau en octubre de 2018 cuando Fernandez informó que se habían formado lagunas artificiales producto de las extracciones de la minera. El asesor legal de la empresa aseguró que si bien era difícil que la autoridad aludiera daño ambiental —debido a que las actividades de la minera iniciaron años antes de que entrara en vigencia la actual ley de medio ambiente de 1994—, tampoco era algo que se pudiera descartar. “Regulatoria y legalmente hablando, es dificultoso —pero no imposible— que la Superintendencia de Medio Ambiente aluda a eventual daño ambiental en caso que pesquise esta situación”.

La gravedad del asunto radica no solo en que esa modificación acota el espacio disponible para que los flamencos puedan anidar, sino que al remover el sustrato se reduce el alimento disponible, explican los expertos consultados.

Para abordar el problema, los ejecutivos de Quiborax se reunieron con sus asesores del Centro de Ecología Ambiental (CEA). En el acta de esa reunión, que forma parte de la filtración de correos electrónicos, quedó establecido que era necesario adoptar pronto un acuerdo con Conaf para intervenir el lugar.

“Hoy existe una franja entremedio que transforma el escenario en un ‘tablero de ajedrez’, lo que aparte de ser antinatural –desde un punto de vista ecológico y de las características propias del ecosistema del salar– podría dejar en evidencia una alteración sustancial de nuestra explotación con las consiguientes consecuencias regulatorias. El tablero de ajedrez debe tender a desaparecer y a transformarse en una sola gran laguna, que permita explicar y justificar –desde un punto de vista ecológico ambiental– dicha variable o nueva conformación”. Para hacerlo, explicitaron, “el respaldo de los sectoriales, especialmente de Conaf, es esencial”.

Al año siguiente, en junio de 2019, al dar por iniciadas las faenas mineras de esa temporada, Fernández aseguró que “por acuerdos con Conaf”, la operación comenzaría contigua a las lagunas artificiales “con el propósito de homogeneizar el paisaje y no dejar piscinas aisladas”.

Desde la Dirección Regional de la Conaf en Arica, confirmaron a este equipo periodístico que se abrió una investigación interna para indagar la relación entre los directivos de la administración anterior y Quiborax. Sin embargo, no quisieron entregar detalles sobre quiénes están siendo investigados:

—La Corporación Nacional Forestal no tiene la facultad de entregar esta información, dado su carácter reservado, salvo que exista una orden judicial que así lo determine, indicaron en una respuesta por escrito.

Actualmente, Héctor Peñaranda continúa siendo funcionario de Conaf en Arica. Ocupa el cargo de encargado de la Unidad de Estudios y Planificación.

En un correo electrónico fechado el 6 de diciembre de 2021, consta que la empresa desembolsó recursos para comprar regalos a los funcionarios públicos que pueden fiscalizarla. A Héctor Peñaranda, por ejemplo, estaban destinadas una botella de whisky y dos de champagne. Otros nueve funcionarios de la Conaf regional también aparecen en el listado para recibir regalos.

El listado de funcionarios se completa con integrantes del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de la Superintendencia de Medio Ambiente, y del Sernageomin.

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Impacto en los flamencos

En el verano del 2022-2023, ningún polluelo de las tres especies de flamenco nació en el Salar de Surire. Aunque la Conaf había identificado esa temporada la existencia de 25 zonas con evidencias de nidificación, es decir, con nidos y hasta con huevos, éstos fueron abandonados y en ninguno de los casos el proceso llegó a término, asegura un informe técnico de 2023, sobre el estado actual del hábitat y de las poblaciones de flamencos en el salar, elaborado por el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Conaf en Arica. (ver aquí el informe técnico)

Según explica el especialista Juan Navedo, es normal que estas aves decidan no reproducirse un año si es que no encuentran las condiciones óptimas que justifiquen el gasto de energía que ello implica. Sin embargo, en este caso es algo “preocupante”, asegura la Conaf en su informe, sobre todo porque “a nivel nacional e internacional el Salar de Surire constituye una de las áreas de concentración y nidificación más importante de las tres especies de flamencos”. Los resultados de esta temporada 2022-2023, todavía están en análisis.

Aunque aún se investigan las razones por las que fracasó la reproducción ese año, el informe de la Conaf identificó serias amenazas provocadas por Quiborax. “Se ha hecho evidente el alto grado de modificación del paisaje, la aparición de nuevos caminos no regulados dentro del Salar, así como la remoción de sustrato en diferentes zonas, formando lagunas artificiales y zonas de anegamiento que impiden el uso del terreno por parte de los flamencos para su nidificación, además de la reducción en el alimento disponible”. Sumado a eso, en el acta de cierre de las faenas realizadas en 2023, Conaf constató “un montículo de cadáveres de flamencos”.

Imágenes satelitales Planet de una zona del Monumento Natural Salar de Surire muestran el avance de las operaciones mineras entre 2015 y 2024 y los cambios en la topografía del salar.

Al ser consultado al respecto, Quiborax aseguró no conocer el informe de Conaf y envió notas de prensa en las que se señala que según el último censo de 2023, hay 12 880 flamencos en la zona norte del país. La cifra “se mantiene dentro de los rangos poblacionales normales”, sostiene en dichas notas Sandro Maldonado, Jefe del departamento de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf Arica. Con ello, “queda en evidencia que las afirmaciones que usted realiza no son efectivas”, respondió la empresa.

El informe de Conaf, no obstante, no repara en una disminución de flamencos adultos, sino en que no lograron reproducirse. De hecho, confirma que efectivamente las densidades de aves adultas se mantienen estables. Entonces, ¿por qué esto es un problema?

Si bien los censos dan cuenta de que las poblaciones se mantienen estables, lo que está ocurriendo, explica el biólogo Yerko Vilina, es que “los flamencos están cambiando sus patrones de distribución espacial”. Antes, precisa, las agregaciones de flamencos al momento de la reproducción eran mucho más masivas. Ahora, en cambio, debido a que los salares no cumplen con las condiciones de antes producto, en gran parte, de la intervención humana, estas aves se distribuyen en forma oportunista nidificando en otros humedales, pero en colonias más pequeñas. Prueba de ello es que tanto el flamenco james como el andino siempre han habitado exclusivamente la puna. Sin embargo, ahora se reportan con regularidad aves errantes en humedales costeros lo que da cuenta de que están forzosamente saliendo de la puna. Necesariamente esa pérdida de hábitat, de sitios de alimentación y/o reproducción, dice Vilina, se verá reflejada más temprano que tarde en una disminución de las poblaciones.

Vilma Castro, miembro de una de las familias que comparten la titularidad de un territorio indígena que incluye el Salar de Surire, dice que su principal preocupación es el daño que la actividad minera le puede estar provocando a los flamencos: “Están acabando con ellos. Se supone que tienen que hacer hoyos de 30 centímetros, pero los hacen más profundos. Si incluso cabe una persona ahí adentro”.

En su defensa, la empresa argumenta que sus faenas se realizan únicamente entre el 1 de junio y el 31 de octubre, meses en que los flamencos aún no inician sus actividades reproductivas. Sin embargo, un aspecto relevante al que hace referencia el informe técnico de Conaf de 2023, sobre la situación de las poblaciones de flamencos en Surire, es que durante el período en el que se desarrolló el monitoreo, “la actividad reproductiva inició en el mes de octubre”, cuando la empresa aún estaba presente en el salar.

Por otro lado, si bien los efectos del cambio climático son una amenaza para la supervivencia de los flamencos, la ciencia ya ha podido confirmar que la actividad minera por sí sola tiene serios impactos para estos animales. Así lo demuestra una investigación publicada en 2022 en la revista científica Royal Society, que analizó las poblaciones de flamencos en el llamado Triángulo del Litio de Chile. El estudio concluyó que “la relación negativa entre la minería y la abundancia de flamencos era directa y no estaba mediada por otros factores ambientales”.

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Las denuncias que le pesan a Quiborax

El objetivo actual de Conaf es que la actividad de Quiborax en el Salar de Surire ingrese al Sistema de Evaluación Ambiental. Por eso la denuncia que presentó en diciembre de 2022, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, menciona que podría existir una “posible elusión” al sistema.

La conclusión de esa denuncia es que “en base a lo observado durante la visita de inspección, resulta imposible soslayar que una característica que destaca en las zonas intervenidas por la empresa minera, es la pérdida de naturalidad del Monumento Natural”.(vea aquí la denuncia completa con los detalles).

Además de las extracciones a menos de 3000 metros de los sitios de nidificación de los flamencos, a profundidades mayores que 30 centímetros y la formación de lagunas artificiales, las fiscalizaciones de Conaf dieron cuenta de otros problemas. Entre los más graves está el hecho de que la empresa explotó una zona que no corresponde a ninguna pertenencia que esté autorizada, según los decretos de 1978 y 1989. Además, empleó maquinaria pesada, incumpliendo el compromiso de realizar una extracción con métodos manuales, y explotó pozos de áridos al interior del salar para el relleno de caminos (por donde pasan los camiones), una actividad no incluida en los decretos que regulan la actividad.

Luis Jiménez Cáceres, exconstituyente aymara en la Convención Constitucional, y miembro de una familia que participa en la propiedad del salar, dice que la postura de su pueblo ha sido siempre la misma: la empresa debe someterse a evaluación ambiental:

— El desarrollo de la empresa en el salar históricamente ha sido sin participación de las comunidades, lo único que hay son algunas regalías, muy pequeñas, pero que no alcanzan a cubrir para nada lo que le corresponde a los comuneros por su propio derecho territorial. Yo de verdad espero que el Estado pueda cumplir su palabra, porque hasta ahora ha sido el Estado el que ha fallado, porque el Estado debió haberle pedido a Quiborax que ingresara a evaluación ambiental, indicó Jiménez para este reportaje.

El argumento que sostiene la empresa, sin embargo, es que no debe evaluarse ambientalmente en el actual sistema del Estado, porque su actividad es previa al establecimiento de la ley ambiental (vea aquí la carta con la que Quiborax respondió a Conaf por el informe de inspección). Sin embargo, Conaf contraargumenta que la empresa hizo ingreso a explotar pertenencias mineras al Monumento Natural Salar de Surire recién en 2001, cuando la ley ya estaba vigente (antes habían explotado zonas del salar que no pertenecen al Monumento Natural).

Consultado para este reportaje sobre la investigación que lleva adelante la SMA, Daniel Ocqueteau, gerente legal y de asuntos públicos de Quiborax, indicó que “se trata de un procedimiento en curso y, por tanto, respecto del mismo se debe resguardar su debida reserva hasta su conclusión. Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que, efectivamente, Quiborax ha remitido toda la información requerida por la SMA a través de respuestas formales”. (vea aquí las respuestas completas enviadas por Quiborax).

Cuando la Conaf de Arica detectó incumplimientos de Quiborax en el Salar de Surire, envió su informe de fiscalización a distintos organismos públicos de la región. Por ello, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente, también presentó una denuncia contra la empresa. “La Seremi del Medio Ambiente recibió antecedentes de Conaf relacionados a eventuales infracciones de una operación minera en la región. Una vez recibidos, fueron derivados a la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el organismo con las competencias para fiscalizar posibles incumplimientos en materia ambiental”, fue la respuesta escueta que enviaron desde esa repartición.

Otro de los servicios públicos que tomó cartas en el asunto, luego de recibir el reporte de Conaf, fue el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que envió a un equipo fiscalizador a las instalaciones de Quiborax en Surire el 29 de noviembre y el 28 de diciembre de 2022. Luego de esa fiscalización, sancionó y formuló cargos contra la empresa, ya que detectó que Quiborax estaba realizando labores de explotación en una pertenencia en la que no tenía autorización. El servicio consideró esa falta gravísima, y aplicó una sanción de 45 UTM (unos $2,5 millones de pesos, según el valor de cambio actual, equivalentes a unos 2500 dólares).

La versión que entregó para este reportaje Daniel Ocqueteau fue distinta. “La multa impuesta por el Servicio Nacional de Geología y Minería —45 UTM— obedece al tránsito erróneo de camiones por un área menor a una hectárea relativa a una pertenencia minera específica de titularidad de nuestra Compañía. Dicha multa fue pagada y no controvertida por la empresa, pues reconoció que debido a un error operacional había existido tránsito en la misma”. Pero eso no es lo que dice la resolución de Sernageomin que formuló cargos. No se trató de un “tránsito erróneo de camiones”, sino de explotación en un área no permitida (vea aquí esa resolución).

Para esta investigación, también le consultamos al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) —que es uno de los organismos que tiene capacidad fiscalizadora—, si había inspeccionado la operación de Quiborax en el salar de Surire. Y la respuesta que entregó puede abrir una arista aún más compleja para la minera:

— En respuesta a su consulta, le informamos que el Servicio Agrícola y Ganadero no emitirá comentarios, pues el Consejo de Defensa del Estado le ha solicitado un informe que tiene carácter de reservado.

Los poblados alrededor del salar no cuentan ni con agua potable ni con luz eléctrica. Por lo mismo, dicen los vecinos, se sienten abandonados por el Estado. Algunos plantean que Quiborax ejerce cierta labor de protección, pero que sus aportes son insuficientes. Mencionan la entrega de cajas de mercadería y bidones de agua potable, pero eso no resuelve los problemas de Celinda Jiménez, vecina de Guallatire. “Estamos a diario respirando este aire. Nuestros animales, que comen en el camino, también (…) se daña toda la vegetación. Con el tiempo hemos perdido unas plantas, unos arbustos, que son los tolares”.

Luis Mamani, cuya familia es propietaria de tierras en el sector de Guallatire, en los alrededores del salar, dice que “la empresa, si bien es cierto tienen derecho al lucro, tiene que respetar la normativa. Esa normativa ya en Chile es deficiente, y si las empresas no la respetan, peor todavía”.

Durante todo 2023, los ejecutivos de Quiborax estuvieron concentrados en impulsar un nuevo negocio relacionado con la explotación del salar de Surire: el litio. Según consta en audiencias anotadas en el registro de lobby, sus ejecutivos se han reunido con la Subsecretaría de Minería y con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. El proyecto consiste en obtener litio a partir de los ripios que resultan de la elaboración del ácido bórico.

 

*Imagen Principal: Instalaciones de Quiborax en el Salar de Surire. Foto: Diego Figueroa /Migrar Photo