El programa indígena que no benefició a los indígenas de Bolivia
Una revisión de los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena revela que ha gastado casi 1.000 millones de dólares en dos décadas y que ha servido más a los intereses del partido oficialista, el MAS, que a la población que debería beneficiar. Además, hay corrupción y falta de transparencia
“Nadie asegura las puertas en la comunidad”, le dice un amauta (sabio quechua) a un joven proveniente de la gran ciudad que trata de poner un candado al ingreso de su casa en una comuna indígena. La escena es de la película boliviana Los viejos soldados (2024), donde se resalta la transparencia de la cultura indígena boliviana.
“Ama llulla, ama sua y ama qhella” son los principios ancestrales indígenas que -traducidos del quechua- significan “no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo”. Pero lejos de la ficción del cine, en la realidad de Bolivia estos principios parecen haber sido quebrantados por un programa estatal que lleva el nombre de -precisamente- Fondo Indígena. Principios que incluso son resaltados en la visión del programa.
Como expone esta investigación de Verdad con Tinta y CONNECTAS, organizaciones sociales que son parte del instrumento político del Movimiento Al Socialismo (MAS) y alcaldes afines a la gestión de gobierno han sido, por encima de los indígenas, los principales beneficiarios de los recursos de este fondo en las últimas dos décadas. Ocurrió tanto en los gobiernos de Evo Morales Ayma como en el de su sucesor, Luis Arce Catacora.
Creado en diciembre de 2005 como Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el programa ha administrado desde entonces casi mil millones de dólares (Bs 6.919.167.060). Su apogeo ocurrió durante las primeras dos gestiones de Evo Morales, hasta que en 2014 recibió denuncias de desfalco por más de 180 millones de dólares. Fue uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos en Bolivia.
Un año después, el Gobierno del MAS le cambió el nombre a Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), en un intento por dejar atrás el escándalo, enjuiciar a los responsables y dar continuidad a los proyectos. También comenzó a entregar los recursos a los alcaldes y no a las organizaciones sociales, y solo con destino a proyectos productivos para riego, compra de maquinaria y construcción de puentes.
Pero, pese a estas correcciones, los territorios indígenas siguen siendo los menos beneficiados, según se estableció en la revisión de proyectos del anuario del año 2021, los últimos datos disponibles sobre este programa al momento de realizar la investigación.
Ese anuario, publicado por la Dirección del Fondo de Desarrollo Indígena, devela que el 65% de los proyectos (que significan Bs 421.427.028,75, es decir casi 61 millones de dólares) fueron realizados en municipios donde no existen pueblos indígenas constituidos como tales (a través de las denominadas tierras comunitarias de origen o TCO). Según la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las TCO son espacios en donde pueblos y comunidades indígenas han tenido tradicionalmente su organización económica, social y cultural.
Yapacaní (11 proyectos)
Villa Tunari (7 proyectos)
Entre Ríos (6 proyectos)
San Pedro (6 proyectos)
Yaco (7 proyectos)
Cajuata (6 proyectos)
Huarina (6 proyectos)
Sorata (6 proyectos)
Chuma (6 proyectos)
Palos Blancos (7 proyectos)
Chayanta (7 proyectos)
Challapata (6 proyectos)
Villa Yocalla (9 proyectos)
Fuentes: Centro de Documentación e Información Bolivia y Anuario 2021 del Fondo Indígena
De los territorios sin TCO, los recursos del Fondo fueron a parar a municipios administrados en su gran mayoría por el partido gobernante. El MAS gobierna 240 alcaldías de las 342 que hay en el país (el 71%). Y de los 804 proyectos que se aprobaron en el año 2021, 612 fueron destinados a gobiernos municipales del oficialismo (el 76%), por un presupuesto de Bs 482.113.024 (casi 70 millones de dólares).
Además, en Bolivia hay seis gobiernos autónomos municipales indígenas originarios campesinos (AIOC) que son territorios ancestrales, según establece el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para estos municipios solo fueron aprobados cuatro proyectos de los 804. Los beneficiados son Salinas de Garci Mendoza, en el departamento de Oruro; Raquaypampa, en Cochabamba; Charagua e Iyambae, en Santa Cruz.
“No lo hemos sentido tal cual como debería de ser”, admite Yolanda Meneses Navia, representante de la nación indígena quechua. La joven admite que a su pueblo no le ha llegado ningún proyecto en estos 19 años: “No sé qué pasó, la cuestión es que no llegó”.
El uso político es, precisamente, uno de los señalamientos más graves hacia el Fondo Indígena. Como desde la época de Evo Morales, bajo el actual gobierno de Luis Arce el programa continúa privilegiando con los proyectos a organizaciones afines al MAS.
“Ahora (al Fondo) lo han pasado a las alcaldías y ellas no cumplen el propósito de dar a los pueblos indígenas para que accedan de manera autónoma, que es algo pendiente. Debería haber servido para eso”, opina Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
“Si uno no es parte del proceso o desarrollo de una proyección con el gobierno, no se puede avanzar, nos guste o no nos guste”, se sincera el presidente de la TCO Uchupiamonas, César Mamani, cuya nación indígena se encuentra en la zona del Amazonas. Esta comunidad no ha recibido hasta ahora ningún proyecto del Fondo.
Ignacio García Ipi, de la comunidad Monterito del municipio cruceño de San Antonio de Lomerío, coincide en que para beneficiarse del Fondo “es necesario” ir de la mano del gobierno, aunque valoró que han conseguido proyectos por medio de sus representaciones sindicales.
Pero este uso político de los recursos del Fondo no es nuevo. En la primera década de implementación del programa, según el informe de fiscalización sobre el Fondo Indígena realizado en 2016 por el entonces senador Oscar Ortiz Antelo, las organizaciones más beneficiadas fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa. En el artículo 10 del estatuto del MAS, las tres son reconocidas como organizaciones “matrices” que están “a la cabeza” de la Dirección Nacional de ese partido político. Es decir, integran el MAS.
“Los fondos destinados a los pueblos originarios se han quedado en manos de los hermanos que son parte de esta estructura del Gobierno nacional”, acusa Emilio Cisneros, representante de la nación indígena Chichas.
Para este trabajo se contactó al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene bajo su órbita al Fondo de Desarrollo Indígena. “No es de nuestra competencia”, respondieron desde el equipo de Comunicación ministerial. Luego se derivó la consulta al equipo de prensa del FDI, solicitando información sobre cómo es el proceso de selección, los sistemas de fiscalización, además de las mediciones de impacto del Fondo, especialmente en el sector indígena. Pero no hubo respuesta.
Desde el Ministerio sí respondieron en enero de este año una petición de informe de la diputada Luciana Campero Chávez. En ella informaron que el FDI “nació en 2015 como una institución pública descentralizada y con patrimonio propio”. En esta respuesta se indica que “financia proyectos mediante acuerdos intergubernamentales con las alcaldías, que son las ejecutoras, para favorecer a comunidades indígenas originarias, campesinas, interculturales y afrobolivianas”.
Si bien el Fondo nace en 2005, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras toma como su punto de partida el 2015, cuando se reformó el programa tras el escándalo de corrupción.
Nota: Tarija es el departamento con mayor producción de hidrocarburos, pero uno de los menos beneficiados por el Fondo Indígena. En esta región inició la lucha que derivó en la creación del Fondo
Bermejo (2 proyectos)
Padcaya (2 proyectos)
Uriondo (3 proyectos)
Cercado (4 proyectos)
Yunchará (4 proyectos)
El Puente (1 proyecto)
San Lorenzo (2 proyectos)
Entre Ríos (4 proyectos)
Caraparí (5 proyectos)
Villamontes (1 proyecto)
Fuentes: Centro de Documentación e Información Bolivia y Anuario 2021 del Fondo Indígena
Según la información que la Fiscalía General del Estado dio para esta investigación, son 77 casos los que se abrieron por temas de corrupción en el Fondo Indígena desde su creación. De ellos, 26 ya culminaron el proceso y solo 13 llegaron a una sentencia condenatoria. Además, seis personas se han beneficiado con sobreseimientos.
Entre estas últimas está Julia Ramos Sánchez, una de las líderes de la organización Bartolina Sisa. Ella estuvo dos años en la cárcel tras ser detenida en diciembre de 2015 por enriquecimiento ilícito mientras fue ministra de Desarrollo Rural entre 2009 y 2010, durante el primer gobierno de Evo Morales.
Ramos fue elegida el pasado 5 de mayo como vicepresidenta del MAS (del sector del presidente Arce, ahora enfrentado con Morales). Se libró de un proceso judicial gracias a que el Gobierno de Arce decidió no continuar como querellante en el caso. “He tenido que esperar nueve años para contar con este sobreseimiento, es una pena cómo se maneja la justicia”, se quejó la exfuncionaria al ser consultada por Verdad con Tinta y CONNECTAS.
Ramos aseguró que fue procesada por “un ataque político” y que “ha sido un trabajo para denigrar a una mujer como líder”. Al ser consultada sobre las acusaciones de desfalco y corrupción que pesaban contra ella, indicó que esos procesos responden a una campaña de denigración: “Hay un poco de miedo de que se empoderen las organizaciones”.
Sobre por qué este fondo no mejoró la vida de los indígenas, se desligó: “Yo no vivo cerca de los pueblos indígenas”, respondió en referencia a que son las organizaciones las que recibieron el dinero y, por ende, son responsables del mismo. En el caso de las mujeres bartolinas, Ramos aseguró que han mejorado sus condiciones gracias al Fondo Indígena: “Cada organización presenta y hace seguimiento a sus proyectos. Todo mundo piensa que hubo corrupción… Esperamos limpiar todo eso”.
Ya sobreseída, Ramos sigue envuelta en la polémica. Para esta investigación se accedió a un documento de Derechos Reales en el que se certifica que desde que asumió como ministra en 2009, adquirió más de 174 propiedades a su nombre en el sureño departamento de Tarija. Ella negó que las haya comprado por medio del Fondo Indígena y agregó que fueron conseguidas para beneficio de su organización por medio de aportes de sus miembros: “No son mías, son de diferentes beneficiarios del barrio”, se defendió.
Sin embargo, una de las vecinas -que prefirió que no se publique su nombre por temor a represalias- contó que los habitantes de este barrio han demandado en la Justicia a Ramos por una supuesta extorsión en el cobro de cuotas para la adquisición de estos terrenos.
Otro funcionario implicado en el escándalo con este programa que ha vuelto al ruedo es Ignacio Campero Zubieta. En 2015, como concejal del municipio de Yapacaní, fue denunciado como uno de los “responsables del daño económico al Estado”, según la lista publicada por la entonces interventora del Fondo. Pero la Justicia nunca avanzó contra él y hoy, irónicamente, Zubieta se encarga de fiscalizar estos proyectos en su municipio.
El ingeniero Hugo Sandi, responsable departamental del Fondo Indígena en Chuquisaca, defiende el funcionamiento del programa. Asegura que el cambio administrativo desde 2015 en el manejo ha dado “mayor transparencia”. Explica que cuando se lanza la convocatoria nacional, las alcaldías presentan los proyectos y, una vez aprobados, el desembolso de recursos se hace a los municipios, que son los encargados de la ejecución. Sandi considera que, de esta forma, los proyectos ahora sí llegan al sector productivo, y también a las poblaciones indígenas.
Pero Celso Padilla Mercado, quien preside el Tribunal de Justicia Indígena, lo contradice al denunciar que son los municipios afines al gobierno los que resultan más beneficiados y, a través de ellos, grupos como los interculturales, campesinos no indígenas que son parte de ese frente político. “La mayor parte de los municipios son militantes del MAS y solamente a aquellos les dan; a los que no son, les estancan sus proyectos”.
El movimiento de los interculturales surge en Bolivia desde los años 60, que se refiere a productores del centro y occidente del país que fueron ocupando tierras vírgenes en el oriente y sur del país. En un principio fueron tildados como “colonizadores”, según señala un documento del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
Se les denomina interculturales porque conjugan diferentes culturas y se van adaptando a las regiones que van ocupando.
Padilla asegura que existen proyectos del año 2018 que se siguen sin ejecutar o que están paralizados. Por ejemplo, la implementación de hatos ganaderos en los municipios de Lagunillas y Boyuibe, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
Mencionó también la compra de ganado en el municipio de San Antonio de Lomerío, pero sin la implementación de forraje. Y la implementación de proyectos piscícolas en el municipio de Cabezas que vienen de 2018 y que recién pudieron implementarse en 2023, aunque sin los insumos suficientes para su sostenimiento. “Como estos hay varios proyectos que no han podido ejecutarse en su totalidad. Hay bastantes deudas”, afirma.
El representante indígena cuestiona que en toda la región del Chaco (incluye los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija), que es productora de hidrocarburos y donde están los pueblos guaraníes, no hay más de 50 proyectos adjudicados desde la creación del Fondo, a diferencia de los gobiernos municipales que son del MAS: “Yapacaní, un solo municipio -asegura- tenía más de 250 proyectos. Eso demuestra que en nada ha ayudado a paliar los problemas productivos”.
Sobre las nuevas restricciones del FDI (solo para financiar riego, maquinaria de producción y puentes), Padilla dice que esto beneficia a organizaciones afines al Gobierno, como los interculturales, con el fin de incrementar su producción.
De los 342 municipios que hay en Bolivia, 294 se beneficiaron con proyectos del Fondo Indígena en 2021, de los cuales solo 99 tienen TCO y tres son gobiernos indígenas. Es decir, tierras habitadas por pueblos originarios.
Los dos más beneficiados fueron el mencionado Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, con 11; y Yocalla, en Potosí, con 9. Si bien ambos tienen TCO, en el reporteo se constató que las comunidades indígenas de allí no fueron beneficiarias. Ambos municipios son gobernados por alcaldes del MAS.
“A nosotros no nos llega nada”, confirma Marleni Montejo, vicecacique mayor del Consejo Indígena del Pueblo Yuracaré Mojeño, en Yapacaní. Esta TCO está compuesta por 17 comunidades.
Lo curioso es que de los 11 proyectos aprobados para este municipio en 2021, ocho son puentes, pero ninguno favoreció al sector indígena, cuyos habitantes deben trasladarse en botes. “Nuestra carretera es el río”, relata Montejo y agrega que no existe ningún puente que los conecte con su propio municipio, por lo que sus principales vehículos son las lanchas.
“Una vez le dije al alcalde (de Yapacaní) que el dinero que llega a nombre de nosotros lo usan en mercados, en carreteras y en puentes”, cuenta la líder indígena. Ella denuncia que todos los proyectos en ese municipio van para el sector de los interculturales. Incluso comenta que, en la última riada en febrero de este año, no había forma de trasladar los medicamentos a estas comunidades.
En Yapacaní también existen grandes “elefantes blancos” proyectados con dinero del Fondo. Se trata de un puente al borde del colapso y plantas procesadoras paradas ante una producción inexistente.
Pasando el río Víbora, cientos de neumáticos apilados sostienen toda una estructura de cemento. Como si fuese una construcción de legos, el puente Cooperativa Luna Nueva está a punto de partirse. Esta obra le costó al Estado casi 2 millones de bolivianos (unos 289 mil dólares) con recursos del Fondo Indígena, dinero que fue entregado al municipio en 2019. Los pobladores decidieron poner neumáticos y otros materiales en los bordes del puente para evitar el colapso.
Los representantes de la comunidad amenazan constantemente con bloqueos si el Gobierno nacional y la Alcaldía no dan una solución. “Nos estamos dando maneras para pasar la producción en bicis o motos, porque el puente no aguanta”, denuncia uno de sus dirigentes al señalar las grandes rajaduras en la estructura, además de fierros que sobresalen entre el cemento.
El alcalde de Yapacaní, Juan Carlos Valles Mamani -del MAS-, responsabiliza a su antecesor, Vicente Flores Terrazas, del mismo partido. Sin embargo, en los propios informes de gestión del municipio se observa que Valles en 2018 había avalado el proyecto del puente como representante de la asociación de interculturales, cuando esta obra tenía un avance del 60%.
En medio de esta situación, la actual directora general ejecutiva del Fondo, Delicia Rossio López Tolaba, se trasladó hasta Yapacaní en febrero para exigir que la Alcaldía realice los informes sobre la construcción del puente y al mismo tiempo inicie una auditoría. “Ustedes como beneficiarios también son responsables, porque tienen que hacer control social”, fue la respuesta de la funcionaria a los vecinos.
En esa visita, López Tolaba explicó que si el municipio no cumple con el proyecto, el Gobierno nacional les retirará el dinero.
En la inspección realizada para esta investigación no solo se encontró un puente en mal estado y prácticamente fuera de uso en este municipio cruceño, donde se produce ganado vacuno, leche, maíz y yuca. También se identificaron tres plantas procesadoras de leche ejecutadas con el Fondo, pero solo una se encuentra en funcionamiento. “No hay la capacidad de producción, estamos viendo de incrementar el número de ganado”, confiesa Bryan Ortiz Condori, quien es presidente de la asociación de productores de leche El Mirador.
Ortiz revela que la única planta en funcionamiento fue habilitada después de estar cinco años parada. Su producción mayoritariamente es vendida a la Planta Industrializadora de Leche de Santa Cruz (PIL). En la visita al lugar, otros lecheros de la zona confirmaron esta situación.
Las otras dos plantas tienen candados en las puertas y la maleza está creciendo a sus alrededores. Cada una tuvo un costo cercano al millón de bolivianos (aproximadamente 144 mil dólares). La Alcaldía estima que se tienen 90 mil cabezas de ganado en el municipio, insuficientes para las factorías instaladas.
A las obras incompletas y los elefantes blancos, hay que sumar los proyectos “fantasma». Según el ya citado informe de fiscalización elaborado por el entonces senador Ortiz Antelo en 2016, había 30 proyectos inexistentes en distintos lugares del país, pero que tuvieron desembolsos por Bs 14.514.349,97, un poco más de 2 millones de dólares.
Entre estos proyectos se encuentran capacitaciones que no fueron realizadas pero que igual se pagaron. Entre ellas, una en “saberes de pueblos indígenas y los conocimientos técnicos en la gestión de proyectos productivos”, cuyo costo fue de Bs 600 mil (86.632 dólares). Según un sondeo que se hizo para esta investigación entre institutos técnicos, oenegés y fundaciones que trabajan en esa zona, el costo de un taller de capacitación regular en el área rural varía entre 500 y 3.000 dólares.
En el caso de Yapacaní, en el informe de 2016 del senador Oscar Ortiz hay un proyecto de introducción de ganado bovino en la comunidad yuracaré mojeño Alto Pallar, que tuvo un desembolso cercano a los 80 mil dólares. Pero la vicecacique Marleni Montejo negó que alguna vez se hubiese implementado dicho proyecto: “Lamento decirle de que es nomás el dicho, a la hora de la verdad no llegó nada”.
En el segundo municipio más beneficiado con proyectos del Fondo, Yocalla (en el departamento de Potosí), las evidencias de mala ejecución de los recursos también están a la vista.
El municipio está sumido en deudas. Existen proyectos, tanto del Fondo Indígena como de otros programas similares, que exigen una contraparte económica de la Alcaldía, según revela la concejal Rosalina López. Es decir, hay proyectos del Fondo Indígena que no se culminaron y derivaron en deudas municipales.
El problema radica en proyectos que tienen observaciones por el mal uso de los recursos económicos recibidos. En estos casos, la dirección del Fondo Indígena no autoriza nuevos desembolsos y los proyectos quedan paralizados. Según el reglamento del FDI, los desembolsos de recursos son realizados si el informe del proyecto está completo y demuestra el cumplimiento de los objetivos trazados.
“No estamos ejecutando muchas obras por las condiciones en las que nos dejaron las anteriores gestiones”, ratifica la concejala López. Sobre esta situación, el alcalde David Chura, que es del MAS, admite que las deudas por obras mal ejecutadas vienen de la anterior gestión, la cual fue del mismo partido.
El alcalde no especificó cuáles son los proyectos paralizados del Fondo Indígena, pero en la visita de Verdad con Tinta y CONNECTAS al lugar se verificó la falta de canales de agua para la producción, pese a que la mayoría de los proyectos que figuran en los balances del programa son de riego.
Al norte del país, en los municipios de San Buenaventura (departamento de La Paz) y Rurrenabaque (Beni), está instalada la TCO de la nación indígena ese ejja. Allí, sus habitantes han tenido que esperar 19 años para beneficiarse recién en este 2024 con un proyecto del Fondo Indígena.
El capitán grande Lucio Game Moreno destaca que su comunidad accedió a un proyecto de dotación de 10 mil plantas de cacao para la producción. “Hemos exigido esto hace muchos años”, confiesa. Son 900 hectáreas las que recibirán el beneficio, que abarcan a más de 500 familias de la comunidad de Eyiyoquibo. A cada una le tocaría un promedio de solo una hectárea y media.
Una publicación del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (Cerdet) sobre la situación de los indígenas, publicada en 2016, indica que los cultivos de una hectárea sirven para el consumo familiar, pero no alcanzan para la comercialización.
Pero la situación más insólita alrededor del Fondo se da con el pueblo guaraní, en el sur boliviano. Es, paradójicamente, el que mediante movilizaciones en los primeros años de la década del 2000 impulsó el nacimiento de este programa gubernamental.
Celso Padilla, del Tribunal de Justicia Indígena, asegura que de los nueve proyectos aprobados para la Asociación de Pueblos Guaraníes desde que se creó el Fondo, sólo cuatro finalizaron. “Los demás no se concluyeron porque se congelaron las cuentas cuando empezó el problema con el Fondo” (en 2015).
El representante guaraní considera que el cambio legal y administrativo en el programa tiene que ver con una estrategia política gestada desde el último gobierno de Evo Morales: “Yo estaba el 2010 o 2011 como representante de la APG (Asociación de Pueblos Guaraníes). Él -Evo- me dice a puertas cerradas que no teníamos la capacidad de manejar tanta plata, que quiere hacerse cargo de ese fondo, que él lo va a ejecutar en tres meses”.
Según dice, la intención del gobierno fue quitarle a las organizaciones la administración del Fondo para tener más poder político. “Los principales dirigentes están manchados de corrupción. La mayor parte de las regionales están corrompidas y les chantajean para tener el aval, el apoyo. Si no les apoyan, les van a meter presos”, denuncia Padilla.
Se trató de contactar al expresidente Evo Morales por medio de su responsable de prensa, a quien se enviaron las consultas sobre la situación del Fondo Indígena, pero hasta el cierre de la investigación no se obtuvieron respuestas.
Con una historia de corrupción y sin haber beneficiado a los indígenas, ¿para qué ha servido entonces el Fondo? Para la dirigente indígena de la región del Madidi Ruth Alipaz Cuqui, “ha servido a la cúpula más cercana al gobierno para el prebendalismo, la cooptación y la división”.
El líder indígena Manuel Morales también tiene un balance negativo del Fondo, porque en casi dos décadas no generó mejoras en sus beneficiarios, pese a la cantidad de recursos desembolsados. “La economía familiar campesina se ha hundido en la pobreza, no hay nuevas producciones en el ámbito rural, las comunidades se vienen a las ciudades y el sector campesino se ha dedicado a la construcción”, enumera.
Eduardo Rodríguez Veltzé era el presidente de Bolivia cuando se creó el Fondo, en 2005. Consultado, dijo que el objetivo era “crear desarrollo” en los sectores indígenas y campesinos con aportes del IDH. “Su creación respondía a una estructura que se explica en el decreto (28571), garantizando las condiciones de idoneidad y transparencia en la gestión, destino y resultados de la inversión de los recursos”, explica el expresidente.
Está visto que ese objetivo no se ha cumplido, aunque Rodríguez Veltzé prefiere no hacer valoraciones. Sí aclara que a su gestión le tocó crear el Fondo pero no ejecutarlo, tarea que pasó al gobierno de Evo Morales.
Un diagnóstico elaborado en 2020 por el Cerdet sobre las poblaciones indígenas en el sur del país indica que “su economía es de subsistencia familiar”, no es ni de exportación ni para el mercado interno. Allí, la extrema pobreza mantiene niveles altos de migración del campo a la ciudad.
En la última década, la cantidad de habitantes de siete municipios de Bolivia creció entre un 53 y 111%, lo que confirma la tendencia migratoria hacia zonas urbanas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “La pobreza expulsa a los indígenas de sus tierras”, puntea con una frase tajante Neyver Espíndola, investigador del Cerdet.
Las naciones indígenas de tierras bajas como los ayoreos, chiquitanos, guaraníes, guarayos y weenhayek iniciaron la historia del Fondo Indígena desde las movilizaciones de 2002 en demanda a una retribución por la explotación de hidrocarburos en sus tierras.
Pero lejos de haber sido los mayores beneficiados, los pueblos indígenas del sur carecen de proyectos de desarrollo que generen impacto. En esta región sur se encuentran poblaciones como Mocomocal, en el municipio tarijeño de Entre Ríos (provincia O’Connor), que están prácticamente en el olvido, sin accesos camineros ni servicios.
Paredes descaradas, rotas y algunas carpas antiguas muestran la realidad de este pueblo, ubicado en una de las zonas productoras de gas y petróleo del país. “Jamás ha cambiado la vida de los originarios”, concluye sobre el Fondo Indígena Emilio Cisneros, quien es autoridad originaria de los cinco municipios de la nación chichas, que son Atocha, Cotagaita, Tupiza, Villazón y Vitichi.
El abandono de estos poblados muestra cómo el Fondo no ha cambiado la vida de este sector social, cada vez más empobrecido y con indígenas que escarban al fondo de algún basural.
Esta es una investigación de:
Investigación periodística
Jesús Vargas Villena
Reportería:
Dayana Martínez Carrasco.
Soledad Prado Nogales.
Rafael Acuña Coaquira.
Acompañamiento editorial:
Diseño web
Eduardo Ávila Sánchez | Imsomnia
Diseño, producción audiovisual e infografías
Glenda Flores y Jorge Mustaffá Quirós.
