A través de las 26 oficinas internacionales, ubicadas en 21 países de tres continentes, personas naturales de cualquier nacionalidad pudieron acceder a paraísos fiscales con el objeto de instaurar sociedades anónimas que llegaron a consolidarse por medio de las gestiones de Mossack Fonseca y de estudios jurídicos que contactaban a esta entidad panameña y a otras similares, tomando el papel de intermediarios.
En el caso boliviano, Panamá fue el país más solicitado para concretar la apertura de estas sociedades offshore, las cuales se hicieron efectivas después de rellenar un documento de incorporación de compañía, especificando
el nombre, sector, apoderados y personas de contacto, además de hacer un desembolso de $us 1.450, que fueron depositados a una cuenta bancaria en el extranjero.
Todos estos contactos se hacían por correo electrónico y, en menores casos, por vía telefónica.
El pago mencionado incluía la formación de una compañía y la emisión de documentación: pacto social regular (informe de conformación de la sociedad que se realiza con una escritura pública notariada) y un capital de $us 10.000 o 500 acciones sin valor nominal, los derechos de registro, los honorarios por agente registrado, y la tasa única anual del primer año, cuatro certificados de acciones y el correspondiente registro de las mismas, siendo los únicos gastos adicionales
a ser cobrados los de envíos por courrier y los de legalización.
Protocolización
Los agentes de Mossack Fonseca se encargaron de hacer estas diligencias y de proveer un directorio ficticio para agilizar el proceso. Estos movimientos se completaban en un promedio de cuatro días hábiles,
según los documentos verificados.
La ley de sociedades anónimas panameña no tiene restricción en cuanto al endoso de acciones emitidas por cada sociedad, pero estas deben registrarse en un libro de acciones correspondientes a la jurisdicción del paraíso
fiscal.
Por lo general, Mossack Fonseca guardaba toda la información de las acciones emitidas y en circulación en sus registros para poseer los datos de la sociedad ante cualquier consulta, como elemento de prueba en caso
de necesidad, y siendo directores de la compañía, para poder proteger los derechos de los nuevos tenedores, por si hubiera cambios.
Costos aparte significaban la apertura de cuentas bancarias, que variaban según la entidad y el paraíso fiscal, y la emisión de poderes generales o especiales, que se hacían efectivos por medio de reuniones de la
junta directiva o de accionistas. Estos poderes tenían una duración máxima de tres años.
A esto se suman los gastos anuales fijos, que son los honorarios de Mossack & Fonseca y $us 300 por la tasa anual de sociedades, que también puede variar en caso de retrasos por pagos a los organismos competentes de cada paraíso fiscal.
Existen también cargos opcionales que son la provisión de un apartado postal para la recepción de correspondencia en el domicilio de Mossack Fonseca, así como sellos corporativos y oficinas virtuales que entran en negocio según el
servicio requerido.
Reactivar una sociedad, es decir, restaurar la vigencia que fue eliminada por falta de pago de las anualidades por más de un año, también genera un gasto mínimo de $us 300. Un caso diferente es el de la disolución de una de las empresas offshore,
que cuesta $us 840 y que implica borrar el historial en el paraíso fiscal.
Por otro lado, los clientes tienen la opción de adquirir sociedades con fecha anterior a la solicitud, cuyo precio variaba en función de la antigüedad. Los costos de emisión de documentación son los mismos.
En la revisión de información de algunos casos, Mossack Fonseca emitía facturas con precios ‘inflados’, para que los consorcios jurídicos pudieran descontar sus honorarios, al mismo tiempo que se le entregaba a estos intermediarios notas de crédito con
los precios reales. Estas facturas infladas eran entregadas al cliente final sin que este tenga en cuenta la variación de costos.
Se conoce la identidad de los clientes finales en la emisión de certificados de acciones o de poderes generales y especiales, donde por regla se tiene que enviar un documento de identidad, por lo general un pasaporte.
Mossack Fonseca contrató a terceros para investigar y corroborar que estos accionistas o apoderados no hubieran incurrido en delitos o procesos judiciales. En algunos casos en los que se hallaron situaciones poco
claras o la comisión de delitos, se negó la emisión de documentos hasta presentar pruebas de regularidad. En otros, se omitió este paso.
