Un apretón de manos entre el presidente chino Jintao Hu y su par boliviano Evo Morales marcó uno de los hitos de la política económica y de obras públicas en Bolivia en el siglo XXI. La reunión fue en Nueva York el 21 de septiembre de 2009. Ambos coincidieron en la Cumbre Climática de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, casi 14 años después de ese encuentro, al menos 28 empresas chinas arribaron al país con contratos millonarios, varias adjudicaciones polémicas y una serie de denuncias en contra que van desde lo laboral hasta lo penal..

¿De qué hablaron en la reunión? El mandatario chino propuso cuatro puntos para fortalecer la relación bilateral. Uno, profundizar la relación política sincera y amistosa. Dos, promover intercambios en áreas de humanidades. Tres, estrechar la cooperación para asuntos internacionales y regionales. Finalmente, el cuarto punto estaba enmarcado en la expansión de una cooperación pragmática y de beneficio mutuo.

“La parte china está dispuesta a incrementar sus importaciones de productos bolivianos, estimular y apoyar [a] poderosas empresas chinas para que inviertan en Bolivia y respaldar empresas de ambos países en la realización de la cooperación pragmática en áreas de gas y petróleo, minería, agricultura y en la construcción de instalaciones de infraestructura”, planteó Hu respecto al último punto, según un reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores de China de ese día.

Aquello solo fue un preámbulo. En esta década y media los lazos bilaterales se fortalecieron, el intercambio de importaciones también, aunque el saldo de la balanza comercial siempre fue y sigue siendo negativo para Bolivia. Más allá de los proyectos de infraestructura, la presencia china en el país tuvo diferentes rostros, desde la fabricación y puesta en órbita del satélite Tupac Katari, pasando por la adquisición de seis helicópteros, el diseño de un proyecto de seguridad ciudadana, hasta, en este 2023, evaluar la posibilidad de tener al yuan chino como moneda de cambio en Bolivia. Mas no todo fue bueno, hubo muchos conflictos.

Problemas con empresas Chinas

Entre 2015 y 2019 hubo 460 denuncias socio-laborales y ambientales contra 17 empresas chinas que operaban y operan en Bolivia. Entre las más denunciadas está la empresa Sinohydro con “el mayor número de proyectos conflictivos en el país”, seis en total, según la investigación Empresas chinas en Bolivia: denuncias sobre derechos de los trabajadores y situación ambiental de Viviana Herrera Vargas para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Respecto a esa empresa, la Defensoría del Pueblo presentó, en abril de 2021, un Informe de verificación defensorial del proyecto hidroeléctrico Ivirizu en Cochabamba. Esto, a raíz de denuncias de trabajadores por, entre otras situaciones, la subcontratación y malas condiciones laborales.

En el documento, la Defensoría realizó recomendaciones al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para mejorar la situación de los empleados de esa empresa. Previamente, entre 2016 y 2017, el ente defensorial hizo verificaciones de condiciones de trabajo ofrecidas por las empresas China Harzone Industry Corp. (CHIC) y China Railway Construction Corporation en las que evidenció “la vulneración de derechos a la asistencia médica, alimentación, seguridad social; así como la contravención al pago de un salario justo”.

La investigadora Nohely Guzmán Narváez trabajó en la parte norte de Bolivia; su foco de estudio fue la incursión de empresas chinas y su relación con el medioambiente y la sociedad. Cuenta, para este reportaje, cómo muchas mujeres a las que entrevistó en su trabajo de campo se quejaban de los trabajadores chinos porque las humillaban y maltrataban, lo cual repercutía en la salud mental de sus hijos y sus relaciones familiares.

Había una suerte de crudeza en el ambiente. Y tenía que ver con unas pésimas condiciones laborales, tenía que ver con una transformación bastante radical del paisaje (…). Creo que de esas maneras podemos ver una serie de subordinaciones del Estado boliviano (ante esas empresas)”, comenta Guzmán, quien es autora del libro Capitalismo chino en la selva: los cuerpos desechables detrás de tres obras de infraestructura en Bolivia, publicado el año 2018.

Antesala de una relación estrecha

Bolivia, el 9 de julio de 1985, en una de las últimas medidas del entonces presidente Hernán Siles Zuazo, estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China (RPC). Hasta ese momento y desde 1949, con la asunción del Partido Comunista Chino al poder (PCC), la relación del país asiático con Latinoamérica era limitada, cuenta el investigador Robert Evan Ellis en su libro China sobre el terreno en América Latina (2014).

Luego, en 2002, el PCC adoptó la política de “salir” de sus fronteras. “La política efectivamente otorgó una ‘bendición’ oficial a las empresas estatales y a las empresas privadas emergentes para seguir los imperativos de la expansión económica de China”, remarca Ellis.

Entre las acciones para consolidar su presencia en el continente, comenzaron a proliferar capitales chinos en Brasil, Argentina, Perú y Venezuela, en proyectos y empresas vinculadas al petróleo y la minería. Además, los préstamos millonarios comenzaron a emerger.

Recetas de África y Latinoamérica

A principios de la década del 2010, las empresas constructoras chinas ingresaron con fuerza en la región. Tenían una receta. “Adaptaron al contexto latinoamericano la técnica utilizada en África de proyectos de ‘autofinanciamiento’ a través de socios bancarios como China Development Bank. [Ello permitía negociaciones] de Gobierno a Gobierno que posibilitaban acuerdos en paquete y, a menudo, eludían los procesos convencionales de contratación de los gobiernos latinoamericanos”, remarca Ellis.

Al respecto, la politóloga estadounidense Deborah Brautigam cuenta que hasta fines de la década del 2000, el 79% de los préstamos del Banco de Importación y Exportación de China (Eximbank, por sus siglas en inglés) en ese continente fueron otorgados para proyectos de infraestructura. “Un sector conocido por la corrupción y los sobornos en la mayoría de los países”, comenta.

En Bolivia y en la región, hasta ese entonces y durante décadas, el financiamiento de grandes obras de infraestructura había correspondido a la “banca tradicional”: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y Banco Mundial (BM).

¿Y cómo entró China en la región? En Venezuela,explica el economista Manuel Sutherland, se aprobó en 2008 una Ley para un financiamiento conjunto entre China y ese país. Los fondos estaban destinados para proyectos viales, principalmente. Pero parte de ese monto sirvió para crear la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) que administraría un par de satélites hechos y lanzados desde China. En Bolivia también se creó en 2010 la Agencia Boliviana Espacial (ABE) y, luego, con financiamiento del Banco de Desarrollo de China, se encargó a ese país la construcción y lanzamiento al espacio del satélite Tupac Katari, hecho que finalmente se dio el 20 de y lanzados desde China. En Bolivia también se creó en 2010 la Agencia Boliviana Espacial (ABE) y, luego, 20 de diciembre de 2013.

A su vez, Brasil se convirtió, a partir de 2010, en el principal socio comercial de China en el continente, afirma el periodista y escritor Mauricio Angelo. “Con una regulación local débil, transparencia cuestionada y lobby de políticos involucrados en numerosos casos de corrupción, países como Brasil son aún más susceptibles de quedar como rehenes de los miles de millones chinos”, reflexiona Angelo. Los aportes de Sutherland y Angelo están reflejados en la Revista Académica N° 2 Plustrabajo del Cedla de 2019.

En Ecuador , existe una polémica permanente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a cargo de la empresa china Sinohydro —que también opera en Bolivia— parte con recursos del Banco de Exportaciones e Importaciones de la República Popular China (Eximbank). Desde un inicio, se denunciaron irregularidades en cuanto a la transparencia del proyecto e incluso se llegó a hablar de sobornos millonarios.

El crédito chino

Con todos esos antecedentes, entre el 16 y el 17 de octubre de 2015, el entonces vicepresidente de Bolivia,Álvaro García Linera, se reunió en China con el viceprimer ministro de ese país,Zhang Gaoli. Cuando hizo el anuncio de su viaje, el 28 de septiembre de ese año, había adelantado que entre sus misiones estaba gestionar un crédito para la explotación e industrialización del Mutún en Santa Cruz y buscar créditos para proyectos camineros.

El trabajo iniciado con el apretón de manos de 2009 entre Morales y Hu fue apuntalado y consolidado en el encuentro de 2015. Finalmente, una vez en Bolivia, el 19 de octubre de 2015, García Linera anunció el crédito chino de entre 7.000 y 7.500 millones de dólares.

En China se ha iniciado el proceso de trámite iniciado el proceso de trámite de un paquete de créditos que alcanza la cifra aproximada de 7.000 a 7.500 millones de dólares. Se trata de un paquete de créditos que no va a ser tramitado en bloque. Debo explicar, no es la suma en su conjunto, sino que está siendo tramitado proyecto por proyecto”, explicó García Linera en conferencia de prensa.

El 31 de octubre de ese año, Evo Morales firmó el Decreto Supremo 2574 en el que se autorizaba la contratación de obras, bienes y servicios a financiarse “en el marco de Contratos de Préstamo a ser suscritos entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Eximbank de China”.

En esa norma se estableció que las empresas a ser contratadas debían cumplir al menos una de las siguientes características: a) que estén conformadas con capital mayoritario provenientes de personas naturales o jurídicas de China, que se encuentren constituidas en su país de origen o en el territorio boliviano y b) asociaciones accidentales o de cuentas en participación conformadas entre empresas nacionales y empresas con capital mayoritario proveniente de personas naturales o jurídicas de China.

El 15 de marzo de 2016, el entonces Vicepresidente boliviano respondió a las visiones críticas que se multiplicaron a partir del anuncio del crédito y la normativa “a medida”. “El crédito chino, al igual que el crédito alemán, al igual que el crédito coreano, italiano, austriaco, brasileño, cualquier crédito que venga de un país, ya no de un organismo multilateral sino de un solo país, únicamente establece la necesidad de que el crédito venga acompañado con una empresa de ese país, no una empresa específica, a veces sí, otras veces un abanico de empresas que hay que seleccionar la mejor, pero esos son los requisitos de gobiernos extranjeros”, justificó García Linera.

Pese a que desde 2019, según la investigadora Silvia Molina Carpio, se dejó de hablar del crédito chino y las obras retomaron un curso de financiamiento de la “banca históricamente tradicional”, las empresas del país asiático continuaron ganando adjudicaciones de proyectos.

«Los créditos chinos dejan de verse como nuevos créditos alrededor de 2019. ¿Qué pasa ahí? Seguimos teniendo a las empresas chinas. Y, sobre todo, uno de los principales actores, en este caso, del financiamiento, es la CAF. Entre el BID y la CAF son los grandes financiadores de obras de infraestructura y vemos a las mismas y a otras empresas chinas en los proyectos”, observa Molina.

Contratos “llave en mano”

En el comercio internacional existe el concepto de “llave en mano” o Engineering Procurement and Construction (EPC) que implica que una empresa constructora puede hacer el diseño, ingeniería básica y detalles de determinado proyecto, pero no así la “ingeniería conceptual” (estudios de prefactibilidad y factibilidad operativa). En el caso boliviano, Silvia Molina afirma que es un pase para que las empresas hagan lo que quieran.

“Peor si hablamos de temas ambientales; el objetivo (de la empresa) es llegar al proyecto, a la inversión grande. Es un retroceso, una discrecionalidad y se convierte en una maraña de discrecionalidad; primero, por la oscuridad, porque no tenemos claridad de lo que es un contrato llave en mano en Bolivia”, comenta esta investigadora.

A su vez, el economista José Luis Evia añade que una de las características de este tipo de contratos es que los estudios técnicos y financieros son hechos por la misma empresa contratista, incluso cuando ya se han adjudicado las obras.

“Esto le quita eficacia al proceso de preinversión: se contrata la obra sin conocer el verdadero impacto del proyecto y sin saber si será o no rentable o socialmente beneficioso. No es posible, entonces, asegurar que la obra que se contrata tiene un retorno social positivo y que se trata de una inversión beneficiosa para la sociedad”, explica Evia en la investigación El capital corrosivo en Bolivia y los retos de buena gobernanza, publicada por Fundación Milenio en 2021.

Desde lo normativo, la figura de la contratación “llave en mano” está en el Decreto Supremo 181 de 2009. En ese decreto se define a este tipo de contrato como aquél en el que “un proponente oferta una obra terminada, que contempla el diseño, ejecución de la obra y la puesta en marcha, referida a instalaciones, equipamiento, capacitación, transferencia intelectual y tecnológica”.

En lo relativo a los créditos chinos anunciados en 2015, el Decreto Supremo 2574 estableció que las contrataciones podrían realizarse “bajo la figura de llave en mano que comprende el diseño, ejecución, equipamiento y puesta en marcha, según corresponda”.

Según la investigación de Fundación Milenio, un par de ejemplos de contratos que funcionaron con la modalidad “llave en mano” son el de la construcción de la planta azucarera de San Buenaventura, obra encargada a la empresa china CAMC y el de la construcción de dos puentes sobre los ríos Madre de Dios y Beni de la empresa China CHIC.

Pero, independientemente de si se trata de contratos llave en mano u otra modalidad, las empresas de ese país siempre están bajo observación. El caso más reciente de escrutinio público es el conocido como Coimas – ABC, sobreseído por la Fiscalía, cuyos detalles y conexiones dieron pie a esta investigación periodística y son desmenuzados en los capítulos 2 y 3.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).