La contraseña para ingresar a la habitación era “pollo”. Lo que sucedió ahí adentro, en un cuarto del Residencial Bolivia en el centro de la ciudad de Sucre en enero de 2022, fue uno de los episodios de una larga historia en la que se denunció un soborno y cambio de documentos para favorecer a una empresa constructora china en la adjudicación de una carretera. El final, sin “alerta spoiler” porque fue de conocimiento público, tiene a los testigos presenciales, implicados, acusados y demás, libres de culpa mediante una resolución fiscal de sobreseimiento. Se trata del denominado caso Coimas – ABC.

El caso tuvo como protagonistas de primera línea a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Chuquisaca y a un representante de la empresa China Harbour Engineering Corporation (CHEC) sucursal Bolivia. La trama inició el 27 de diciembre de 2021 con la apertura de propuestas de la licitación para la construcción de la doble vía Sucre – Yamparaez. Sin embargo, no fue sino hasta el 29 de agosto de 2022, con la CHEC ya con contrato firmado, que estalló el tema. Ese día, el diputado Héctor Arce Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció que detrás de la adjudicación de esa obra hubo hechos de corrupción.

Muchas cosas sucedieron desde entonces, lo clásico en este tipo de situaciones: aprehensiones, declaraciones, dichos y desmentidos, un testigo protegido que luego fue reportado muerto en Estados Unidos, un hombre acusado de ser testaferro a través del cobro de cheques y emisión de facturas, investigaciones e informes periciales, una explosión cerca de una oficina de los abogados de la parte denunciante y la aparición del dinero objeto de investigación en un inmueble de Sucre, entre otros hechos. De película policíaca.

Un nuevo aeropuerto y la necesidad de una doble vía

Cuando se inauguró el aeropuerto de Alcantarí, el 23 de mayo de 2016, se estableció que sería la nueva terminal aérea de Sucre, la capital de Bolivia, en reemplazo del “Juana Azurduy”. Ello pese a estar en otro municipio, Yamparaez, y a que los pasajeros deben hacer un viaje de aproximadamente 50 minutos desde el centro de la ciudad hasta ese lugar y viceversa, dejando atrás los 10 minutos que tomaba ir al antiguo aeropuerto.

Para reducir esos tiempos era necesario impulsar una carretera moderna. Un año y medio después de los primeros despegues y aterrizajes en Alcantarí, el 24 de noviembre de 2017, el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) anunció que se había aprobado un préstamo de 75 millones de dólares para la futura doble vía. Luego, el 17 de julio de 2019, el Senado boliviano sancionó la Ley de contrato de préstamo suscrito entre el Estado boliviano y la CAF por ese mismo monto.

Con las cifras aprobadas y los porcentajes de contraparte definidos —79,57% CAF, 11,20% Tesoro General de la Nación y 9,23% Gobernación de Chuquisaca— se puso en marcha, el 28 de septiembre de 2021, la primera licitación para evaluar a empresas que buscaban hacerse con la obra. Quedó desierta. Entonces, la segunda semana de noviembre de ese año, arrancó la segunda convocatoria.

Adjudicación a la China Harbour

La apertura de propuestas fue el 27 de diciembre de 2021. El presidente de la ABC, Henry Nina, había designado a Juan C. H. C., Cosme G. A. C, Carlos R. C. V. y a Deymer Q. V. el 23 de diciembre mediante el memorándum “MEM/PRE/2021-0300” como miembros de la Comisión de Calificación para esta licitación. Completaron el equipo Javier L. Q. y Said M. C.

Las empresas que se presentaron fueron Sinohydro Corporation Limited Sucursal Bolivia, Asociación Accidental 25 de Mayo, Asociación Accidental Apolo – IASA, Asociación Accidental China Harbour, Asociación Accidental Ciudad Blanca y la Asociación Accidental “Bicentenario”.

En el informe de Evaluación y Recomendación, la Comisión de Calificación, bajo “el principio de transparencia, ética profesional y sobre todo velando los intereses institucionales”, recomendó al Responsable del Proceso de Contratación (RPC) adjudicar la construcción de la doble vía Sucre – Yamparaez a la empresa “Asociación Accidental China Harbour” por un monto de 456.809.149,79 bolivianos. El documento de 20 páginas tiene fecha de 5 de enero de 2022.

Al día siguiente, el 6 de enero,el RPC de esa licitación pública, Hernán Palacios Marquez emitió la Resolución Administrativa ABC/RPC/001/2022 con la que aprobó el Informe de la Comisión de Calificación y decidió adjudicar la obra a la “Asociación Accidental China Harbour”.

¿Cómo se llegó a esa adjudicación? De acuerdo a los documentos de la investigación de la Fiscalía del caso N° 101102012202796, hubo varias situaciones irregulares. Además, de voz de los implicados, con testimonios documentados en el proceso, se dijo que hubo intención de direccionar la licitación para que la China Harbour se quede con el contrato. Incluso se describió el pacto y el cobro de una coima para que eso se diera.

Pero, pese a todo ello, pese a que desde el Gobierno se había dicho que se investigaría a todos los implicados “caiga quien caiga”, pese a que se comprobó el uso de un poder con formularios cuyas fechas de impresión no cuadraban, pese a que en la actualidad está vigente un proceso por legitimación de ganancias ilícitas contra la persona que cobró tres cheques de la CHEC y también para otras dos empresas chinas, pese a eso, el caso fue sobreseído y la construcción de la carretera sigue en marcha.

Negociaciones entre Inocentes y Reyes

Al día siguiente de la apertura de propuestas, el 28 de diciembre de 2021, los miembros de la Comisión de Calificación comenzaron a evaluar a las empresas oferentes. Y ese día sucedió algo que llamó a atención de uno de ellos.

“Recibo una llamada casi a medio día del Lic. William [R. M. L.], que es Gerente Nacional Administrativo Financiero [de la ABC], que me pide que le envíe un resumen de las empresas (número de celular, representante legal y el número de la empresa), no solamente a mí, también le pide al Lic. Deymer”, dijo en su declaración informativa Juan C. H. C., el 19 de septiembre de 2022, cuando el caso ya estaba en investigación. Hizo lo que se le pidió.

Luego, entre el jueves 30 y el viernes 31 de diciembre,trabajaron de manera normal en la revisión de la información de las empresas hasta la tarde del último día del año. Toda esa semana se habían hospedado en el Residencial Bolivia en el centro de la capital boliviana. De ahí, Cosme, Deymer, Rafael y Juan retornaron a La Paz vía Santa Cruz en un vuelo de Boliviana de Aviación para pasar las fiestas de Año Nuevo.

El lunes 3 de enero de 2022, Juan recuerda que nuevamente fue contactado por >William, esta vez citado en su oficina en la oficina de la ABC nacional en La Paz. Ahí, Juan le informó que tres empresas fueron descalificadas y tres seguían en competencia, le dio detalles. Al día siguiente, Juan, Rafael y Cosme viajaron a Sucre, con escala en Oruro, por vía terrestre. Al llegar a la capital se hospedaron de nuevo en el Residencial Bolivia. De acuerdo con una respuesta de ese alojamiento a la investigación de la Fiscalía, Juan C. H. C. sí estuvo hospedado en ese lugar; ingresó el 5 de enero de 2022 y salió el 7 de enero.

Según su declaración, Juan volvió a recibir llamadas de William; éste quería saber cuáles eran las observaciones de la empresa CHEC y si podía ganar o no la adjudicación. “Mi persona en consentimiento de la Comisión de Calificación le hacemos conocer qué observaciones tenía la empresa CHEC en su propuesta técnica”. Trabajaron hasta la noche del 5 para tener el Informe de Evaluación listo.

“El día 6 de enero de 2022 el Lic. William [M.] me llama por la mañana de un celular desconocido para que nos reunamos en la Residencial Bolivia, me da una contraseña para que ingrese a la habitación que era POLLO. Entro a la habitación con un señor gordito de chamarra negra, de estatura 1,70 más o menos, luego entran dos personas, uno de ellos era de lentes, blancos y el otro tenía acento camba. Me reuní durante tres minutos, le dije que en la propuesta técnica había ese error de dos páginas, nada más y me retiré de la habitación”, relató Juan en su declaración del 19 de septiembre de 2022.

Antes de retirarse de la habitación les dijo que si no cambian esas hojas de la propuesta técnica, no ganarían. “Entonces, ellos lo dejaron en un sobre cerrado las dos hojas. Voy por la tarde, lo recojo y lo llevo a la Comisión de Calificación para poder rubricarlo y tenerlo listo ya el informe de la Comisión de Calificación y pasarlo al RPC, esto en consentimiento de toda la comisión”, complementó.

Por su parte, Deymer Q. V. dice —siempre de acuerdo a la investigación de la Fiscalía— que no recuerda observaciones a la carpeta de la CHEC y que, en efecto, los miembros de la Comisión que llegaron de La Paz se hospedaron en el Residencial Bolivia, pero no menciona la reunión. Cosme G. A. C. desconoce si hubo alguna reunión en ese residencial, pero sí se hospedaron ahí. Mientras que Carlos R. C. V. también refrenda este último dato, pero dice que no se reunió con nadie. En tanto que Said M. C., de la ABC Chuquisaca, en su entrevista informativa dice que no fue al Residencial Bolivia ni como alojado ni como visitante. Finalmente, Javier L. Q. afirma que la Comisión terminó el Informe el 5 de enero y que fue entregado en físico en la ABC a primera hora del 6 de enero.

Sobre la función de las comisiones calificadoras en los procesos de licitaciones, elinvestigador José Luis Evia tiene una visión crítica. “Tienen un margen muy amplio de discrecionalidad y quién sabe si de influencia política y de otra índole sobre sus decisiones”, observa en el libro El capital corrosivo en Bolivia y los retos de nueva gobernanza (2021).

Según información contenida en la Resolución de sobreseimiento de este caso, en la habitación de ese centro de hospedaje estaba el ciudadano chino Zhengyuan Jin, entonces representante de la CHEC, a convocatoria, supuestamente, de Cristian M. C., uno de los gerentes de la ABC, quien le habría informado a Jin sobre las deficiencias de su propuesta y, supuestamente, fue una de las personas que concertó la reunión en el Residencial Bolivia.

En la descripción del caso, se explica que Cristian había hecho conocer a Jin que las hojas a reemplazar eran las N° 210, 275 y 273, además de un formulario denominado B3 y otro, B4 y el ítem camión grúa. Las hojas fueron reemplazadas y la propuesta “quedó como si fuera el documento oficial que fue presentado el 27 de diciembre de 2021”, se lee en el documento de la Fiscalía. Luego, desde la defensa de Cristian, se dijo que se había suplantado la identidad de su cliente y que la persona que tenía contacto con Jin era otra dentro de la ABC. Más dimes y diretes.

Y así, entre el Día de los Santos Inocentes y el Día de Reyes, fechas en las que habitualmente gran parte de la población está de vacaciones, se consolidó la adjudicación de la construcción de la carretera que une a la capital de Bolivia con su aeropuerto.

La denuncia del soborno y el cobro de cheques

Con esos antecedentes, el 4 de febrero de 2022 se firmó el contrato ABC N° 150/22 GCH-OBR-CAF entre la ABC Regional Chuquisaca y la Asociación Accidental China Harbour. Por parte de la ABC, estampó su firma el Gerente Regional Chuquisaca y también Responsable del Proceso de Contratación (RPC), Hernán Palacios Marquez, y por parte de la empresa china lo hizo su representante legal, Zhengyuan Jin.

Tres meses después, el 19 de mayo de 2022, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, dio inicio a la construcción de la doble vía Sucre – Yamparaez. “El progreso está marcado por las carreteras”, dijo Arce durante su discurso. En el acto estuvo presente el ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, y el presidente de la ABC, Henry Nina, según reportó Correo del Sur.

Así iniciaba la construcción de la “carretera del Bicentenario”, en alusión a que debería ser entregada en febrero de 2025, año en el que Bolivia cumplirá 200 años de independencia. Sin embargo, la alegría por la nueva vía duraría menos de tres meses. El29 de agosto de 2022, el diputado oficialista Héctor Arce Rodríguez presentó una denuncia en la Fiscalía de Chuquisaca por la “comisión de graves delitos de corrupción con afectación patrimonial al Estado”.

Desde el primer momento de la denuncia surgió un elemento que acompañaría el caso y sería blanco de cuestionamientos: un testigo de lo acontecido en el Residencial Bolivia, alguien aparte de Juan C. H. C. Esta persona, que luego se convertiría en testigo protegido del caso, acudió al diputado Arce para contarle lo que sabía.

Una vez que yo tengo la información contrastada , verificada, le informo al hermano presidente Arce Catacora, por mensaje, le informamos. El hermano Presidente me delega con la ministra [de la Presidencia],

Marianela Prada,

por WhatsApp. Me reúno [con ella] el 12 de julio [luego se aclara que es 12 de agosto de 2022] y ahí le exponemos toda la documentación, pruebas, fotografías, etc., como una hora y media de reunión con mi abogado. Y, lamentablemente, no se hizo nada. Por eso es que habíamos tomado la decisión de presentar la denuncia”, rememora el diputado Héctor Arce para este reportaje.

¿Esa reunión fue en la oficina de la ministra Prada? Así es en el despacho de la Ministra a horas siete de la mañana el día 12 (…). [Luego,] yo le llamé cada semana, en tres oportunidades a la Ministra, ¿ya?, [a] la ministra Marianela Prada donde le dije ‘¿qué se está haciendo en relación a este tema?’. Entonces me dice ‘estamos viendo’. Segunda llamada me dice ‘hemos remitido a Transparencia para que vea’. La tercera llamada yo le llamé de la puerta de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca con denuncia en mano y le digo si se está haciendo algo y si hay resultados. Me indicó que estaban viendo”. Para la elaboración de este reportaje se solicitó, mediante carta fechada en 15 de septiembre de 2023, una versión a la ministra Prada; hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

No fue sino hasta dos semanas después de que Héctor Arce presentó la denuncia en la Fiscalía de Chuquisaca, que ingresó una causa en el Ministerio Público de La Paz por el delito de Legitimación de ganancias ilícitas. La principal instancia denunciante fue el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción a la cabeza de la viceministra Susana Ríos Laguna. Ese caso está vigente y signado bajo el código único 201102012207253 (ver capítulo 3 Cheques made in China de este reportaje) y es diferente al 101102012202796 que terminó con sobreseimiento.

Aparte de haber denunciado los pactos para beneficiar a la CHEC en la licitación de la vía Sucre – Yamparaez, en el proceso de investigación de legitimación de ganancias ilícitas se dio a conocer que una persona, Jesús E. A. S., había cobrado tres cheques del Banco Bisa y había emitido una factura a favor de la CHEC. Arce denunció que el monto de esas transacciones, 9.396.000 bolivianos en total, estaban destinados a cobrar el adelanto del 50% de la coima pactada para adjudicar el contrato a la CHEC. Supuestamente, el dinero debía ser entregado a funcionarios de la ABC.

De acuerdo con el Índice de Pagadores de Sobornos (BPI, sus siglas en inglés) de Transparencia Internacional, en 2006 China se ubicaba en el puesto 29, de un total de 30 países. El BPI es una clasificación de los principales países exportadores “según la propensión de las empresas con sede dentro de sus fronteras a sobornar cuando operan en el extranjero”. Según esos estándares, las empresas de los países ubicados en los últimos sitiales son las más propensas a ese tipo de prácticas. En el BPI de 2008, la cantidad de países con empresas evaluadas se redujo a 22 y China ocupó el puesto 21. Mientras que en 2011, último año en que se elaboró esa lista, China se ubicó en el lugar 27 de 28.

Respecto al cobro de los tres cheques y su vinculación a la supuesta coima en el caso ABC, el dinero finalmente apareció. En su entrevista informativa, Zhuqing Feng, identificado también como representante legal de la CHEC , declaró el 16 de mayo de 2023 que el 1 de marzo, uno de los abogados de Jin les hizo saber que el dinero estaba en una casa en Sucre.

“El dinero estaba en dos cajas y la abogada de CHEC Bolivia procedió a realizar el recuento del dinero en máquina contadora en presencia de todos y cuando terminó de contar se procedió a guardar en dos maletas para luego ir al banco a depositar el dinero que ascendía al monto de Bs. 8.979.550”, se lee en la resolución de sobreseimiento a la que se tuvo acceso para este trabajo periodístico.

En esa línea de discurso, el 17 de marzo de 2023 el ministro Lima anunció oficialmente la aparición del dinero. “El diputado (Héctor) Arce es muy bueno para dar las noticias de daño, pero no cuenta toda la historia al país. ¿Por qué no le informa al país que los millones que usted ha denunciado ya están depositados en la cuenta del Banco Bisa de la empresa de china?”, pregonó Lima.

El monto que se denunció que cobró Jesús E. A. S. para la supuesta coima fue de 9.396.000 bolivianos. En el proceso por legitimación de ganancias, Jesús declaró que luego de hacer los cobros, se le había entregado en La Paz, en efectivo el >4 de marzo de 2022, 422.820 bolivianos por concepto de “comisión”. Haciendo una operación aritmética simple de resta, 9.396.000 menos 422.820 da como resultado 8.973.180, una cifra muy cercana a los 8.979.550 encontrados en el inmueble de Sucre, un año después, con una diferencia de apenas 6.370 bolivianos, menos de mil dólares al cambio actual.

En el caso conexo N° 201102012207253, activo actualmente por legitimación de ganancias ilícitas,se informó que la empresa unipersonal Jesús [E. A. S.] se constituyó con un capital muy bajo. “La empresa unipersonal cuenta en su reporte del Seprec (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) con un importe de capital social de Bs. 10.470, resultando inaudito que una empresa realice operaciones financieras de millones de bolivianos con un capital ínfimo”, se lee en parte de un informe de ese caso al que se tuvo acceso para elaborar este reportaje.

Pero pese a todo, en la resolución de sobreseimiento se repite más de una vez, palabras más, palabras menos, que el dinero no fue para el supuesto soborno y sí para gastos de la doble vía. Respecto a Jesús, se concluyó en la investigación N° 101102012202796, con sobreseimiento,que “el origen del dinero cobrado [9.396.000 bolivianos] responde a una actividad lícita” y que de acuerdo a la pericia forense no existe duda “respecto de cómo este imputado hubiese llegado a adquirir dicho monto de dinero”.

Un Poder dudoso

Otro de los varios hechos que marcó este caso fue que la fecha que figuraba en el testimonio Poder que presentó Zhengyuan Jin, documento que lo acreditaba como representante legal de la CHEC, 10 de diciembre de 2021, no coincidía con la fecha de emisión de los formularios que eran parte del Poder por parte de la Dirección del Notariado Plurinacional: 26 de enero de 2022.

“Vale decir que la Notario de Fe Pública forjó y fraguó una Escritura Pública a favor de Jin Zhengyuan, representante de la empresa CHEC, sobre un formulario Notarial que adquirió 44 días después denotando con ello irregularidades”, se lee en la una parte de la investigación de la Fiscalía. Al respecto, el 15 de septiembre de 2022, con el caso en marcha, el ministro Lima dijo que ese hecho se constituía en una prueba contundente de una irregularidad.

No obstante, las pericias citadas en el sobreseimiento determinaron que el contrato que suscribieron Palacios por parte de la ABC y Jin por la CHEC tuvieron “suficiente autorización para firma” y que Jin “contaba con amplias facultades para representar a la empresa >CHEC” más allá de ese Poder. Desde el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec, antes Fundempresa) se informó, para la investigación sobre legitimación de ganancias ilícitas, que el 16 de febrero de 2016 la CHEC se inscribió con >Zhuqing Feng y Zhengyuan Jin como representantes legales. Por eso, la acusación contra la notaria María I. G. A. por falsedad ideológica, al no “encuadrar de manera perfecta” a ese tipo penal, quedó sin efecto.

Un testigo “protegido” que debe huir

En esencia, la denuncia de Arce se basó en el testimonio de Felipe Sandy Rivero,cuya identidad estaba resguardada por la Ley 458 de Denunciantes y Testigos desde el inicio del caso, al ser el testigo clave de lo acontecido en el Residencial Bolivia. En todo el proceso, la identidad de Sandy era desconocida y solo se lo nombraba como Jhon Milton, testigo protegido o AA1.

En varias ocasiones, Lima había puesto en duda la veracidad de las declaraciones de Sandy, que sirvieron de insumo para la denuncia. Incluso, el Ministro llegó a decir que sus acciones fueron para extorsionar a Jin y que era cómplice de lo que se investigaba.

Cuando el caso estaba reduciendo su perfil en cuanto exposición mediática, la madrugada del 12 de diciembre de 2022, en la zona de Calacoto en La Paz, una bomba estalló en la puerta de la oficina del despacho de abogados que patrocinaba a Sandy y al diputado Arce. Esa acción fue el corolario de amenazas vía mensajes de texto y mediante llamadas que había recibido el abogado Marcelo Cazas como consecuencia de, explica, llevar este caso y que sus defendidos hayan hecho la denuncia.

La vida de Sandy, un lobbista que ya había trabajado haciendo gestiones y asesoría a empresas para que ganasen contratos, cambiaría después de animarse a declarar en este caso. Según amistades cercanas, todo el desarrollo de la investigación le afectó bastante, más que todo en lo emocional.

Abogado, practicante y competidor de artes marciales, Sandy salió del país, con una primera escala en Perú en octubre de 2022, para luego recalar en Estados Unidos. El 21 de marzo de 2023 el ministro Lima informó que Sandy, dando a conocer su nombre y apellido, había fallecido en un accidente en Estados Unidos, sin dar mayores detalles. Luego, rectificó y dijo que la información que tenía no era oficial.

En un informe forense —documento inédito hasta ahora al cual se accedió para este reportaje a través de una solicitud de información al Departamento Médico Forense de Miami Dade en Florida, Estados Unidos— se establece que Sandy murió el 20 de enero de 2023 y que la causa fue ahorcamiento. Un suicidio.

El 21 de marzo de 2023 comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación de Bolivia un video que había dejado Sandy en el que, entre otras cosas, dijo que su vida y seguridad, como testigo protegido, se había puesto en riesgo.

La vida y la seguridad del testigo protegido se han visto seriamente amenazadas ante la injusta e ilegal decisión y cobarde decisión, del Ministerio de Justicia de darle persecución judicial, inviabilizando y desvirtuando el mismo espíritu de la Ley 458 que, en vez de ser un mecanismo de protección y aclaración de hechos delictivos específicos, se ha constituido en un facilitador de mecanismos de persecución judicial contra los denunciantes y testigos con el único efecto de atemorizar a la ciudadanía”, leyó Sandy.

Según los datos de ubicación del reporte médico y la verificación con cruce de imágenes del audiovisual para esta entrega periodística, la muerte y la filmación se dieron en el mismo lugar, en el hotel The Miami Beach Edition (2901 Collins AVE 817, Miami Beach, FL 33140).

Del “caiga quien caiga” al sobreseimiento

Una semana después de haberse destapado el caso Coimas – ABC, el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró ante los medios d que el Gobierno no cesaría en esfuerzos para la investigación. “El Gobierno del presidente (Luis) Arce (Catacora) va a llevar este caso hasta las últimas consecuencias, como dice él siempre, caiga quien caiga y con una política de cero tolerancia a la corrupción”.

Casi nueve meses después y pese a todos los cabos sueltos e irregularidades, el 22 de mayo de 2023, los fiscales de materia de la Fiscalía de Chuquisaca, Christian Suárez Vargas y Fernando Pascual Aragón Encinas, firmaron la resolución de sobreseimiento de todos los implicados en este caso. Es decir, los liberaron de culpa.

Llegaron a esa conclusión después de haber evaluado las pericias, contrastado datos y declaraciones. Quizá el testimonio más certero para probar los hechos de corrupción era el de Juan C. H. C. en el que dice que estuvo en el Residencial Bolivia en la reunión en la que estaba Jin. Pero para los investigadores hubo alguna razón concreta para desestimar su declaración.

“Bajo el PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN, previsto en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal no se puede tomar esta atestación como cierta o presumir su veracidad, por lo que se presume la legalidad de todo el proceso de licitación de la Doble Vía Sucre – Yamparaez, razón por la que no se contaría con elementos para poder acusar a estos imputados”, se lee en la página 112 de la resolución de sobreseimiento.

Entre los demás fundamentos jurídicos del sobreseimiento se dice, citando al Código de Procedimiento Penal (CPP), que los fiscales “en su investigación tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado”. Finalmente, hacen referencia a otro artículo del CPP, el 323. Se “decretará de manera fundamentada el sobreseimiento, cuando resulte que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundar acusación”.

Pero esto no acaba aquí. ¿Qué hace el nombre de Jesús E. A. S. —quien cobró tres cheques destinados supuestamente al soborno en la ABC y que fue liberado de culpa— en al menos 16 cheques de otras dos empresas chinas?

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).