Cuando la ingresaron al container del Hospital de Iquique, Flor de 36 años, aún tenía en el interior de su cuerpo 87 ovoides de cocaína. Otros diez los ocultó en la correa del pantalón.

Como a la gran mayoría de los tragadores, a Flor la descubrieron en un bus con destino a Santiago de Chile. Le ordenaron trasladar 1 kilo 163 gramos a cambio de mil dólares que nunca recibió.

En el container, Flor fue sentada frente a un oficial del O.S.7, la unidad de Carabineros encargada de perseguir el narcotráfico.
-Lo hice para pagar una deuda -explicó, con el rostro compungido y cansado, sobre los motivos que la llevaron a aceptar el ofrecimiento de tragar los ovoides.
Del container, Flor fue trasladada al interior del hospital para que le tomaran un radiografía. Después la regresaron a la misma caja metálica. Siempre con esposas en las manos.
El módulo tiene tres piezas. En un extremo está la oficina de los policías. Al otro extremo está el cubículo donde sientan a los detenidos y donde Flor fue llevada después que le tomaran sus datos. Esa sección mide 3,4 metros cuadrados y tiene siete sillas de plástico contra la pared, además hay un pasamanos de fierro al cual se esposan los detenidos.
Separando ambas salas, está el baño al que los tragadores son llevados cada vez que necesitan evacuar la droga. El sanitario es para los detenidos de ambos sexos, tiene un inodoro deshabilitado, una bacinica metálica en la cual los detenidos deben hacer sus necesidades, un lavamanos, jabón, cloro y una ventana muy pequeña con nueve barrotes.

Después de que expulsan algún ovoide, un policía debe colocarse guantes de goma en sus manos y una mascarilla, ingresar al baño, recoger los ovoides desde la bacinica y colocarlos en una bolsa. Con este protocolo el material expulsado se transforma en evidencia.
-Se lavan los ovoides uno por uno porque vienen con excremento. Se usa alcohol gel, jabón y otros productos de limpieza necesarios para que queden lo más limpios posible -dice el teniente Gustavo O’Ryan del O.S.7.
-El procedimiento -agrega- se repite luego de cada evacuación, si pasan 10 veces, 10 veces tenemos que hacerlo.
Ya limpios, se extrae una muestra para confirmar que lo que contienen es droga, “después quedan sellados (en bolsas herméticas) para ser entregados (en un plazo de 24 horas) al Servicio de Salud”, dice O’Ryan. Esas son las pruebas clave de una investigación de la Fiscalía que recién comienza y dura 120 días. Mientras tanto, los detenidos son encarcelados, así como Flor, en el centro penitenciario de Alto Hospicio, ubicado en la periferia de la ciudad, a 20 minutos de Iquique.

Es difícil encontrar el container sin ocupantes. Durante 2017, hubo 535 detenidos que fueron llevados hasta esa estructura. En un día, incluso, el contenedor ha sido ocupado por alrededor de 20 personas, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo que moverse y dar más de tres pasos es un reto para los policías y tragones.
La estadía máxima ahí es de cinco días. Si al quinto día el detenido no ha evacuado todos los ovoides, deberá seguir con la expulsión en un baño custodiado por Gendarmería, encargada de la seguridad en las cárceles de Chile. También existe la posibilidad de la cirugía si es que las radiografías notan alguna anormalidad.
Un día antes de abandonar el container, Flor temió por su salud porque un hombre aún con droga en su estómago tenía varicela. “Presentaba elevadas temperaturas y malestar corporal, de hecho, el funcionario policial que nos recibió nos advirtió (de la posible enfermedad)”, recuerda la abogada de la Defensoría Penal Pública Marcela Tapia, quien visitó ese día a la ciudadana boliviana.

El capitán Raúl Soto, quien también acudió al contenedor ese día, dice que el médico que examinó al enfermo, confirmó lo que se temía. “Sí tenía varicela y fue aislado en el hospital”. La situación, eso sí, solo causó temor porque nadie más se contagió.

Tras un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por “condiciones muy precarias” en el contenedor, la Corte de Apelaciones de Iquique, el seis de noviembre de 2017, ordenó al Servicio de Salud y al hospital “adoptar medidas que permitan otorgar un trato digno mientras permanecen en el módulo, en términos que pueda garantizarse buenas instalaciones para su detención, permitiendo separación por sexo y edad, y asegurar buenas condiciones sanitarias, de higiene y camas, que eviten la situación que hoy existe”, establece el fallo. En 15 días debían cumplir con lo impuesto.

Según la policía, cumplieron con la separación por género en que las mujeres y los adolescentes las ubicaron en la oficina de los carabineros y detectives, donde hay cinco sillas para los tragadores. Los hombres siguieron sentados y esposados a un pasamano en el espacio de 3,4 metros cuadrados pegado al baño. Sin embargo, no se instalaron camas y sigue la espera de día y noche en asientos de plástico.

“Los portadores de ovoides no tienen la calidad de pacientes hospitalizados, y en el caso de que debamos otorgarles la calidad de pacientes hospitalizados sería necesario construir un nuevo servicio clínico, también contratar recursos humanos suficientes y adquirir equipamiento, con recursos que no contamos, para albergarlos y no dejar al resto de la población desprovista de atención”, es parte de la respuesta al tribunal de la directora del Servicio de Salud de entonces, María Vera, por no haber cumplido cabalmente con la orden de entregar un “trato digno”.

En septiembre de este año, tratando de cumplir con lo ordenado por el tribunal, instalaron un nuevo módulo para los tragadores, “cuya obra implica un crecimiento en 100% de lo que ya existe”, dice el subdirector médico del hospital, Francisco Donoso. La ampliación, agrega, consiste en un piso de iguales características a las del primer container. “Esto permitirá tener áreas separadas para hombres y mujeres”.

Por su parte, el subdirector de Operaciones del hospital, Patricio Maturana, asegura que en este nuevo piso se instalarán tres camarotes con seis camas pequeñas: “Son los que usan los militares”. El capitán Soto, en cambio, duda que eso pueda concretarse por la falta de espacio. “Más bien es una réplica del primero y servirá para que no estén muy apretados”.

La ampliación se habilitó este mes, siete meses después de que iniciara la investigación para este reportaje.

Lorena de Ferrari, directora regional del INDH considera que aunque la ampliación es un avance, no se puede asegurar que esta vez sí se entregará un buen trato a las personas detenidas en esos módulos. “Antes no tenían ni una frazada para dormir (…) Ahora hay que esperar en qué condiciones quedará el lugar”, cuestiona.