Cada año los bolivianos asisten con estupor e indignación a la devastación provocada por los incendios forestales. En 2010 fueron dos millones de hectáreas; en 2019 el daño escaló a 5,3 millones y en 2024 el desastre se duplicó. ¡Alrededor de 10 millones de hectáreas quedaron reducidas a cenizas!

A lo largo de los últimos 20 años el Gobierno ha ido construyendo una autopista a los incendios, mediante una arquitectura jurídica que los incentiva, los permite y hasta los premia con el desmonte de los bosques y el posterior cambio de uso de suelo. Así estos bosques -hábitat natural de miles de especies de flora y fauna, y casa grande de pueblos indígenas- son convertidos en tierra agrícola y en botín político para el tráfico de tierras.

Tras la última tragedia ambiental vivida este año, EL DEBER y CONNECTAS se propusieron investigar qué hay detrás de esta tragedia ambiental; no solo quién prende la mecha, sino también qué políticas las combaten o incentivan. También nos propusimos indagar si los que provocan los incendios son sancionados o quedan impunes.

Esta investigación pretende responder ambas interrogantes, cuya respuesta es esencial para la ciudadanía que padece las consecuencias del fuego. La información de valor que aquí publicamos busca provocar un cambio, de modo que los incendios no sean una constante anual y que la riqueza natural de Bolivia no termine en la hoguera del descontrol y la impunidad.