Los bosques se hacen cenizas en Bolivia y la justicia no castiga a los culpables

• Texto: Ernesto Estremadoiro Flores
• Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán
• Colaboración: Carolina Galarza

“El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre... y se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde” (Apocalipsis 8:7). Este pasaje bíblico podría haberse escrito pensando en Guarayos. Y no es una exageración. Esta provincia, ubicada en la región oriental de Bolivia, fue una de las más afectadas por los incendios forestales de 2024. La gran diferencia entre la realidad y lo descrito en las Sagradas Escrituras es que esta vez el castigo no vino del cielo, sino de la mano del hombre.

Grover Condori Delgadillo, de 42 años, fue uno de los sentenciados en 2024 como responsable de una serie de incendios que, en conjunto, terminaron por consumir 1,2 millones de hectáreas de bosques, en esta provincia del departamento de Santa Cruz. Fue encontrado en flagrancia realizando quemas ilegales y portando elementos incendiarios. Se declaró culpable del delito de incendio y recibió una pena de tres años, que no implica prisión efectiva según el Código Penal de Bolivia. Además, obtuvo su libertad comprometiéndose a sembrar 100 plantines de bibosi, una planta nativa en la Reserva Forestal de Guarayos, donde fue detenido el 26 de julio de 2024.

“El sospechoso fue enviado a prisión con detención preventiva. Se acogió a un procedimiento abreviado, asimismo, el Fiscal asignado al caso solicitó como medida adicional que el sentenciado siembre 100 árboles nativos maderables en la zona afectada”, detalló un reporte institucional de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz. Sentencias similares recibieron los otros acusados. Domingo Ramires Siles, Luis Chamo Oscarita y Edwin Rodríguez Poma recibieron un plazo de 30 días para reforestar la comunidad San Vicente B, en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde fueron sorprendidos provocando un incendio el 22 de julio.

Por lo general un plantín de la especie bibosi, de 20 y 25 centímetros de altura, tiene un valor en el mercado de 10 bolivianos, equivalentes a un dólar y medio. O sea que los daños generados por el fuego fueron subsanados por menos de la mitad de un salario mínimo en Bolivia (350 dólares).

Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, estas cuatro personas fueron detenidas en flagrancia, es decir, mientras realizaban las quemas para aprovechamiento agrícola en los municipios cruceños de El Puente y San Ignacio de Velasco. Todos se sometieron a proceso abreviado y acordaron plantar 400 árboles, 100 cada uno.

Datos que alarman

Las secuelas de los incendios forestales son alarmantes. Entre julio y octubre, Bolivia ardía en llamas. El fuego, según datos de la Fundación Tierra, arrasó con más de 10 millones de hectáreas, reduciendo a cenizas todo ser vivo en su camino.

Aunque los incendios comenzaron en junio y se extendieron hasta noviembre, los meses de mayor devastación fueron agosto y septiembre. En este mismo periodo la ABT registró el mayor número de procesos penales en contra de quienes propiciaron el fuego y delitos contra la salud pública.

Estos datos fueron analizados por el equipo periodístico de Grupo EL DEBER y CONNECTAS. Esta alianza accedió a los reportes de "Quemas e incendios a nivel nacional" que la ABT emitió desde el 17 julio hasta el 22 de octubre del año en curso. En estos documentos la institución estatal comparte información detallada y diaria sobre focos de calor, incendios, citaciones de comparendo por quemas y procesos penales, entre otros datos.

Se analizaron los procesos penales de esos cuatro meses. Hasta el 22 de octubre, la ABT emitió 364 citaciones de comparendos por quemas sin autorización en 8 de los 9 departamentos de Bolivia. La excepción fue Oruro. Santa Cruz y Beni encabezaron la lista, y fueron los únicos departamentos donde, en este mismo periodo, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra registró 120 denuncias penales.

Hasta el 22 de octubre, 116 (96,6 %) de los procesos continuaban en etapa preliminar de la investigación judicial y solo en 71 (59 %) de los casos se identificó a los presuntos autores. En la lista de denunciados por “incendios y delitos contra la salud pública”en San Matías aparecen los nombres de una exautoridad municipal y de una candidata a concejal. Ambos figuran como propietarios de predios privados y sus casos se encuentran abiertos.

Este año apenas cuatro personas fueron sentenciadas por incendios, delitos contra la salud pública y daño calificado.

Otro dato que arroja el análisis de la base de datos de la ABT es sobre los lugares de los incendios. En total se reportaron 125 predios afectados entre Santa Cruz y Beni. De ellos, 55 (44 %) corresponden a predios privados; 17 (14%), a comunidades campesinas y 15 (12 %) a la categoría que la ABT describe solo como “comunidad”.

En el registro de la ABT, figuran procesos vinculados a predios privados, comunidades campesinas e indígenas. También aparecen tierras fiscales, reservas forestales, áreas municipales y predios de interculturales.

En Bolivia, los interculturales son comunidades conformadas principalmente por campesinos migrantes que se trasladaron desde las tierras altas (como La Paz, Oruro y Potosí) hacia las tierras bajas del país, particularmente a departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando. Este fenómeno de migración interna comenzó en la segunda mitad del siglo XX, como parte de programas estatales de reforma agraria, colonización y redistribución de tierras, impulsados especialmente tras la Revolución de 1952.

El sector ha estado involucrado en disputas por tierras con pueblos indígenas originarios de las tierras bajas, quienes buscan preservar sus territorios ancestrales frente a la expansión agrícola y los asentamientos. Este grupo negó su participación en los incendios forestales.

En cuanto a la identificación de los responsables de incendios y delitos contra la salud pública, en las 120 causas penales abiertas, se procesó a 147 personas. De este total, 98 (66,7 %) fueron identificados. Mientras que 49 ( 33,3 %) figuran como “presuntos autores”, lo que refleja la debilidad de estas investigaciones.

Esta diferenciación es relevante: en los casos con nombres específicos, los acusados suelen ser propietarios de los predios afectados o personas vinculadas con las actividades que desencadenaron el incendio, pero los detenidos y condenados de forma efectiva son trabajadores o peones contratados por estas personas. Por otro lado, la denominación "presuntos autores" apunta a investigaciones en etapa inicial o situaciones donde no se han recopilado pruebas suficientes para identificar a los responsables concretos.

Para expertos en medioambiente, el creciente impacto de los incendios forestales en Bolivia, que cada año engullen millones de hectáreas de bosque, y la lentitud o ineficacia de la justicia para sancionar a los responsables representan el desenlace de una serie de irregularidades persistentes.

Paradójicamente, desde 2006, el Estado, bajo el liderazgo del indígena Evo Morales, adoptó la defensa de la Madre Tierra como una de sus principales banderas. Sin embargo, la promulgación de un conjunto de leyes denominadas ‘incendiarias' incentivó el desmonte masivo de bosques, contradiciendo el discurso conservacionista oficial.

Las leyes incendiarias en Bolivia son un conjunto de normativas que permiten el uso de quemas controladas y la expansión de la frontera agrícola en áreas boscosas, con el objetivo de fomentar la actividad agropecuaria. Pero estas normas han causado polémica debido a que, según ambientalistas, facilitan los incendios forestales que destruyen ecosistemas y amenazan la biodiversidad, especialmente en regiones como la Amazonía y la Chiquitania. Grupos indígenas y activistas señalan que estas políticas priorizan intereses agroindustriales sobre la protección ambiental, aumentando la presión sobre los territorios y recursos naturales del país.

Una muestra de esto es lo ocurrido en los últimos cinco años (2019-2024). De acuerdo con datos colectados de los informes de rendición de cuentas públicas de la ABT y del INRA, en este periodo unas 35 millones de hectáreas fueron consumidas por los incendios. Los sitios web de estas instituciones solo contienen datos de sentenciados de 2022 y 2023, que suman un total de cinco condenas.

Lo sucedido en 2024 no es la única muestra de impunidad por el delito de desmonte y quema de bosques. La Fundación Tierra, entre cuyos objetivos principales está investigar la tenencia de la tierra y los conflictos socioambientales en Bolivia, señala que en 2019 (el año que este país sudamericano alcanzó su récord de 5,3 millones de hectáreas quemadas) no hubo ningún proceso judicial. Este dato no pudo ser corroborado debido a una falta de información en los reportes obligatorios que la ABT debe hacer públicos en su sitio web.

Lo que ensombrece aún más el panorama es que los detenidos exhibidos en televisión nacional por las autoridades del Estado “siempre son trabajadores ocasionales, nunca los intermediarios ni los poderosos. La quema es solo el último eslabón de una larga cadena de ilegalidades. Si no atacamos esa cadena desde su inicio, aplicar sanciones no será más que meter miedo sin resolver nada”, subraya Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.

La ABT no respondió a las reiteradas solicitudes de información y entrevistas que se le hicieron para este proyecto periodístico.

Esta alianza periodística consultó al Tribunal Agroambiental y a la ABT, entre otras cosas, acerca de las denuncias por incendios en los últimos cinco años, pero hasta la fecha no se obtuvo respuesta.

La parte de color rojo representa la afectación del incendio registrado en octubre de 2023 en El Curichi Las Garzas. Esta imagen satelital fue captada en noviembre de 2024 | Crédito: SATIF/Gobernación de Santa Cruz

Caso Curichi las Garzas

Las denuncias suelen quedar archivadas o no prosperan porque, en la práctica, los denunciantes deben asumir el rol de investigadores, una tarea que debería recaer en el Ministerio Público, señala Román Vitrón. Este ingeniero ambiental, conocido por su pasión en la defensa de la naturaleza, actúa como un guardián voluntario del área protegida Curichi Las Garzas.

Esta reserva es un importante sitio de anidamiento del bato cabeza seca o Mycteria americana, que cada año, entre julio y agosto y cuando las aguas del Curichi están bajas, arriban después de un largo viaje y en las copas de los árboles de ochoo construyen sus nidos, se reproducen y crían a sus polluelos. Esta reserva, que también funge como regulador del clima y fuente de agua, año tras año era arrasada por el fuego.

Tras el paso de las llamas, los avasalladores de tierras, del grupo denominado interculturales afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), ingresaban ilegalmente con maquinaria pesada para expandir la frontera agrícola. En 2023, producto del incendio y el desmonte, alrededor de 400 hectáreas de bosque se convirtieron en cultivos.

Los pobladores cansados de este proceder, pidieron al Concejo Municipal de San Carlos inspeccionar la zona el 27 noviembre de 2023. Un equipo de EL DEBER acompañó a esta comitiva y pudo, a través de tomas aéreas e imágenes satelitales, verificar las denuncias y documentar cómo estas personas exigían que esta reserva les fuera entregada.

Una semana después, una comisión de la Gobernación de Santa Cruz junto con legisladores departamentales intentó ingresar a la zona, pero tuvo que retirarse por las amenazas de los avasalladores. Esta situación alentó a Vitrón y a la diputada María José Salazar a realizar una denuncia contra seis personas y entre los acusados figura el alcalde de San Carlos, Oscar Cinco Yapu por ocupación ilegal de tierras, delito que está regulado por la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras (promulgada en 2013).

Entre los demandados por los incendios que en 2023 arrasaron con más de 300 hectáreas del área protegida Curichi Las Garzas, se encuentra el alcalde de San Carlos, Oscar Cinko Yapu

Tras reunir una serie de requisitos, el 19 de abril de este año, interpusieron la denuncia ante Gonzalo Alvarado, juez agroambiental de Yapacaní, jurisdicción a la que pertenece San Carlos. La autoridad judicial tenía, de acuerdo con la ley, cinco días para responder, pero no lo hizo.

Vitrón relata que acudió en varias ocasiones al despacho del juez en busca de respuestas, pero la secretaria siempre le contestó lo mismo: “Aún no hay respuesta”. Sin embargo, el panorama cambió el 4 de noviembre, cuando, según Vitrón, la empleada le pidió paciencia, indicando que “el juez está preparando su respuesta”.

“Es increíble lo que ocurre con la justicia boliviana”, comenta Vitrón mientras muestra un documento con la respuesta fechado el 26 de abril de 2024, es decir, varios meses después de haber realizado esta denuncia. Lo que más le sorprende es que en el documento les otorgaron únicamente tres días para subsanar las observaciones señaladas en el proceso. “Es como si nos obligaran a hacer el trabajo de los investigadores”, crítica.

Entre los datos que deben presentar están el domicilio de los denunciados, el domicilio de terceros interesados (que abarcaría todo el distrito de Antofagasta, donde está la reserva) y una justificación para incluir a esas personas en el caso.

Recientemente, el juez dispuso realizar de oficio una inspección previa del Área Protegida Reserva Municipal de Vida Silvestre Curichi Las Garzas. Diez meses después de la denuncia.

Román Vitrón en uno de los ingresos al área protegida municipal Curichi Las Garzas, situada en el municipio cruceño de San Carlos | Foto: Cortesía

Para esta investigación se buscó al juez agroambiental de Yapacaní, Rafael Montaño Cayola, pero no accedió a un contacto con EL DEBER.

Vitrón no se amilana y dice que él y la diputada Salazar han decidido no claudicar hasta que la justicia “se mueva” e investigue a los avasalladores del Curichi Las Garzas. Sin embargo, es consciente de que todos los ciudadanos que se animen a iniciar un proceso en defensa del medioambiente pueden dar marcha atrás ante lo que denomina “trabas” de la justicia ambiental.

La noticia esperanzadora es que, a diferencia de los anteriores años, este 2024 el Curichi Las Garzas no registró incendios según el subalcalde de la zona, Roly Mamani. Cree que esto se debe al clamor de los pobladores de que se frene el avasallamiento en la reserva.

No obstante, la amenaza sigue latente; de acuerdo con imágenes satelitales el humedal está rodeado por doce comunidades de reciente creación que, en los últimos cinco años, han ampliado su frontera agrícola, amenazando la integridad de la reserva, hogar del bato cabeza seca.

Parte del grupo de personas que ilegalmente ingresó con maquinaria agrícola y sembró arroz en el interior del área protegida Curichi Las Garzas. Esta imagen fue tomada en noviembre de 2023 | Foto: Fuad Landívar

Problema estructural

Según un estudio del World Resources Institute (WRI), publicado en abril de 2024, Bolivia no solo forma parte de los 10 países con pérdida de bosque primario tropical húmedo, sino también está entre los 10 países con mayor pérdida de cobertura arbórea mundial entre 2001-2023.

El experto en derecho agrario Sabino Martínez explicó que las investigaciones por delitos ambientales comienzan con un proceso administrativo sancionatorio ante instituciones como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) o el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

Este procedimiento permite al acusado recurrir al Tribunal Agroambiental Nacional en Sucre (sede de esta entidad) si considera que ha sido afectado por las decisiones administrativas.

Martínez expresó que los procedimientos son "muy engorrosos, morosos y burocráticos", lo que desmotiva a los denunciantes. Según él, las instituciones encargadas, como las alcaldías, las gobernaciones y el SERNAP, no actúan con la eficiencia que la ley exige. A esto se suma la influencia política.

“Esa autoridad tampoco tiene la capacidad de ejecutar porque se debe a un cargo político… no lo ha obtenido mediante concurso de méritos”, afirmó Martínez.

Para el especialista, la falta de acción se debe a que no existe una división especializada dentro del Ministerio Público para abordar estos temas, lo que deja vacíos importantes en la protección de los recursos naturales.

“Nunca he visto un fiscal que sea asignado al área medioambiental… Todos se van por los aspectos penales y desconocen la Ley 1333 (Ley del Medio Ambiente) y el procedimiento”, dijo.

A pesar de la gravedad, pocos son los responsables que enfrentan a la justicia. Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, describe esta situación como un problema estructural que va más allá de la capacidad punitiva del Estado y expone las grietas de una legislación flexibilizada que perdió su propósito original de protección.

Desde 2019, los incendios forestales en Bolivia se consideran delitos y están castigados con penas de hasta ocho años de prisión. Sin embargo, la realidad demuestra que la aplicación de estas penas es mínima y se enfrenta a numerosos obstáculos.

Colque señala que esta situación pone de manifiesto la falta de eficacia del sistema judicial boliviano para frenar los delitos ambientales. Uno de los problemas que denuncia es la flexibilización de las normas, por ejemplo a través de resoluciones se permite la titulación y el desmonte de áreas protegidas. Según explica, estas autorizaciones solían concederse como excepción, después de largos trámites y en circunstancias justificadas.

“La autorización para desmontes en zonas protegidas tomaba años y muchas veces era negada porque no correspondía,” señala.

Vista aérea de parte de un bosque de Guarayos convertido en cenizas. Esta imagen fue captada en octubre de 2024 | Foto: Juan Carlos Torrejón

La senadora Cecilia Requena, de la agrupación política Comunidad Ciudadana (CC), sostiene que la respuesta del Estado debe ir más allá de la simple imposición de multas y sanciones: se necesitan políticas públicas integrales que enfrenten las causas estructurales de la deforestación y los incendios.

Requena destaca que las sanciones actuales, en lugar de disuadir, parecen incentivar los delitos ambientales. Según la legisladora, las multas son tan bajas que muchos infractores prefieren pagar la sanción económica antes que cumplir con los permisos legales que regula la ABT.

A manera de ejemplo, menciona que, hasta hace poco, las multas ascendían apenas a dos bolivianos por hectárea, lo que equivale al valor de una Coca Cola pequeña, una cifra irrisoria frente al impacto ambiental causado.

Un problema crítico, según la senadora, es que las investigaciones de los incendios suelen centrarse en personas de bajos recursos, como empleados o peones que son encontrados realizando las quemas, mientras que las personas que los contratan no son condenadas.

La falta de recursos y de voluntad política en organismos como el Tribunal Agroambiental y la ABT también limitan el alcance de las sanciones, lo que genera una “injusticia estructural”. Se consultó a estas entidades para que respondan estos cuestionamientos pero no contestaron el requerimiento de este equipo de prensa.

Requena afirma que es fundamental que se amplíe la responsabilidad penal para los funcionarios públicos que, por acción u omisión, permitan la quema ilegal. De acuerdo con su proyecto de ley 240, los servidores de entidades como la ABT o el INRA serían responsables penalmente si sus acciones o sus omisiones contribuyen a la destrucción de los ecosistemas.

Dos bomberos observan cómo las llamas se devoran el bosque en la chiquitania boliviana. Imagen tomada en octubre de 2024 | Foto: Juan Carlos Torrejón

El génesis de las quemas

Las quemas en Bolivia son legales o ilegales según el tipo de terreno, propósito, temporada y cumplimiento de la Ley 1333 y el Decreto Supremo 26075 sobre uso de fuego en actividades agropecuarias y forestales.

Las quemas en Bolivia son legales con un "permiso de quema controlada" emitido por la ABT para actividades agropecuarias y forestales. Este permiso exige cortafuegos, limitar el área y solo se autoriza en temporadas de bajo riesgo, generalmente en época de lluvias.

Mientras que, por otro lado, las quemas en Bolivia son ilegales cuando se realizan sin un "permiso de quema controlada" de la ABT, en áreas protegidas o en zonas no autorizadas para actividades agropecuarias.

También se consideran ilegales en temporada seca o de alto riesgo, cuando el uso de fuego puede causar incendios forestales graves. Además, el uso del fuego para deforestar o ampliar tierras agrícolas sin autorización es ilegal y puede conllevar sanciones severas.

Pese a este marco regulatorio claro, todos los consultados coinciden en que uno de los orígenes de esta impunidad es la Ley 741, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades y comunidades.

La norma facilita el desmonte a gran escala, lo que podría acelerar la pérdida de bosques y reducir la cobertura vegetal, con graves consecuencias para la biodiversidad y los ecosistemas.

Con esta ley se elimina la necesidad de presentar planes de manejo forestal detallados para los desmontes de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades y comunidades, lo que agiliza la autorización.

Además, los pequeños productores y comunidades están exentos del pago de patentes por las superficies desmontadas hasta el límite establecido.

Sin una planificación adecuada, según los consultados, los desmontes seguirán de manera dispersa y desordenada, fragmentando los ecosistemas y dificultando la implementación de estrategias de conservación de los bosques a largo plazo.

Esta normativa, junto a otras leyes similares, ha permitido que las áreas protegidas sean consumidas por el fuego de forma constante. La aplicación de estas leyes ha generado una alarmante impunidad, en la que los responsables de incendios forestales siguen sin castigo. Este escenario recuerda las escenas de destrucción, caos y devastación, descritas en el apocalipsis. Sin embargo, aquí no se trata de pasajes bíblicos, sino de una estructura legal que perpetúa un fuego impune que no se apaga.