¿Eres un homicida, feminicida, violador o narcotraficante y no quieres ir a prisión, o quieres salir de ella? ‘Dont’ worry, be happy’ (tranquilo, sé feliz). Bienvenido a Bolivia, el país donde encontrarás operadores de justicia con ‘un menú de figuras legales’ que te ayudarán a burlar el castigo que la ley te imponga por el delito cometido. Claro, siempre y cuando tengas los medios para pagar por este servicio.
Bolivia asiste a las horas más oscuras de su Poder Judicial, una crisis que no es reciente sino que lo acompaña desde 1825, cuando nació a la vida republicana. Y no es solo la corrupción de sus operadores la que la ha llevado a este punto. Es todo: falta de independencia, escaso presupuesto, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, dicen los entendidos en la materia y añaden que la solución debe ser integral, no de ‘parche en parche’, como ha sido hasta ahora.
Sin embargo, el 27 de enero de 2022 fue el día en la realidad del grado de depravación de la justicia le golpeó en el rostro a los bolivianos. Ese día el país asistió conmocionado e indignado a la recaptura de Richard Choque Flores, que en 2013 había asesinado a una mujer y pese a haber sido sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto y enviado a prisión, el 27 de diciembre de 2019 —como si de un regalo de navidad se tratara— un juez le cambió cárcel por casa. Durante su estancia fuera de prisión mató a
dos mujeres y extorsionó a otras 70.
Ese caso abrió la caja de pandora de la justicia en Bolivia y mostró lo podrida que está.
Al descubrirse que Choque no era el único criminal ‘liberado’, el 4 de febrero, el Gobierno creó la “Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio” con una veintena de instituciones del Estado para “intervenir”, en un lapso de 120 días, el 100% de los juzgados.
El escándalo del ‘feminicida serial’, como es conocido Richard Choque Flores, también originó la investigación “Justicia a la carta”, una alianza periodística entre EL DEBER y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists.
En tres meses, un equipo de periodístico revisó expedientes y notas de prensa de casos que la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno presentaron entre el 27 y el 30 de junio. También accedió a los resultados de la intervención a los juzgados que realizó la comisión estatal hasta el 13 de abril. Todos estos datos fueron cruzados con Génesis, un repositorio de fallos y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El resultado de este análisis fueron dos bases de datos. En la primera se identificó 38 casos de asesinos, narcotraficantes, violadores y feminicidas que, a través de una serie de artimañas legales, lograron cambiar prisión por casa y pausar la ejecución de sus condenas. También se contabilizó que de éstos 23 habían sido recapturados y enviados a prisión. La segunda base de datos, corresponde a operadores de justicia que beneficiaron con detención domiciliaria a sentenciados por delitos penales graves haciendo un abuso de la normativa al aceptar como recurso, en algunos casos, enfermedades no terminales.
Estas situaciones de la justicia fallida derivaron en el aprovechamiento de los delincuentes para fugarse del país o reincidir en delitos.
CONSORCIOS CORRUPTOS QUE ENVIARON A CASA A SENTENCIADOS
Con la captura de Richard Choque Flores el 27 de enero de 2022 en Bolivia se inició una especie de ‘maratón de la corrupción’. Por la declaración del propio feminicida ante la Fiscalía se supo que el trámite fue exprés; comenzó en la víspera de Navidad y concluyó antes de Año Nuevo. Le costó 3.500 dólares y una botella de whisky. Un juez, un médico y dos abogadas se asociaron para que sea favorecido con este beneficio penitenciario.
A esto se le llama consorcio, dice el exfiscal del distrito de Santa Cruz, Francisco Boreinstein, un delito que está penado por el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 174. “Lógicamente hay dinero de por medio, pero es básicamente eso, la asociación delictiva del consorcio” entre un juez con uno o más abogados y otros profesionales para “procurarse ventajas, en detrimento de la sana administración de la justicia”. Es cuando “la administración de la justicia entra en remate”, reflexiona.
Prácticamente eso fue lo que hizo Rafael Alcón, el juez 1° de Ejecución Penal de la ciudad de La Paz, que firmó la resolución 890/2019 con la que le concedió el beneficio de la detención domiciliaria a Choque. Lo hizo durante las vacaciones judiciales de final de 2019, ocasión en la que le tocó suplir a un juez de El Alto. Pero, no actuó solo. Tenía una red compuesta por dos abogadas, un médico y una trabajadora social, según registran los expedientes y el informe del fiscal Johan Muñoz que investiga este caso.
Tampoco era el único que ‘liberaba’ a sentenciados por delitos penales graves. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, a la conclusión del trabajo de la comisión estatal, el 4 de junio, informó que se inició procesos penales y administrativos a 15 jueces. De esa cantidad, 10 fueron apartados de sus cargos.
Sin embargo, no fueron los únicos operadores de justicia que se coludieron con los criminales, también se abrió procesos a una decena de fiscales y a otros 14 profesionales, entre abogados, médicos y trabajadores sociales.
La red de Alcón
En el despacho de Rafael Alcón, —antes de ser apartado del cargo de juez y enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, el 29 de enero de 2022, por prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes— exhibía la imagen de la Dama de la Justicia como símbolo de aplicación del buen derecho, pero, en realidad, era un adorno más y es lo que demostró la investigación de la Fiscalía.
En su cuenta de sentenciados ‘liberados’ no sólo figura el feminicida serial, también están los ‘treintones’ —jerga que se utiliza en la prisión para nombrar a condenados a 30 años de cárcel— Félix Alfredo Ferreira García, que mató a una menor de 17 años y la enterró en el patio de su casa; Rubén Omar Centellas Quevedo, quien en 2004 protagonizó uno de los hechos más horrorosos en la historia criminal cruceña al asesinar y descuartizar a la profesora Carmen Rosa Peña Villagómez; y Lionel Cortez Paco, que violó y asesinó a una adolescente de 13 años.
“A ese tipo de gente beneficiaba Alcón y su consorcio delictivo”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tras la recaptura de Ferreira y Centellas, el 7 de febrero. Cortez, también fue recapturado en la primera quincena de febrero.
Fuentes del Órgano Judicial, que pidieron la reserva de su identidad, señalan que “todo comienza por el abogado” o un “enlace que sabe qué puertas tocar” tanto en juzgados, Fiscalía y Policía para que los ‘treintones’ cambien cárcel por casa.
Con esta versión coincide el fiscal Muñoz. Explica que el primer eslabón de la red Alcón era la abogada Marlene Paco, quien se daba a la tarea de identificar a los ‘treintones’ para, posteriormente, asumir su defensa legal. Ella también ha sido identificada por la Fiscalía de formar parte de la red de Abraham Aguirre, otro juez que ha sido apartado de su cargo y enviado a prisión, con detención preventiva, por hacer lo mismo que Alcón.
Cuando los sentenciados no tenían alternativa para salir de la cárcel buscaban a Paco para que los defendiera, explica Muñoz. “Esta persona era auxiliar del Juzgado Primero de Ejecución Penal y tenía un nexo muy cercano con el exjuez Alcón. Ahí empezó la captación”.
Un tiempo después, Paco dejó de ser auxiliar y comenzó a trabajar como abogada independiente. Ahí empezó a contactar a ‘treintones’. Y… ¿cuál era la única salida para un sentenciado sin derecho a indulto? Pregunta el fiscal e inmediatamente, él mismo responde: “Una enfermedad terminal”.
El ‘secreto’ de la receta de Alcón para enviar a casa a sentenciados radicaba en la misma Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, en su artículo 196, que señala que “los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en detención domiciliaria”. Pero ninguno de los ‘liberados’ recapturados presentaban estos cuadros crónicos.
Para activar el artículo 196 de la Ley 2298 se necesita un certificado médico. Para ello el consorcio contaba con el médico Freddy Torrejón, que no necesitaba valorar personalmente al reo ni solicitar que saliera de prisión para que le realizaran exámenes. Al menos, es lo que sucedió con Choque Flores, según la declaración que dio a la Fiscalía tras su recaptura, documento al que este equipo tuvo acceso.
Dijo que “nunca” le realizaron “revisión médica para salir, solo se basaron en historiales médicos anteriores”. Pero el certificado médico señalaba que padecía de hepatomegalia, gastritis crónica, úlcera péptica, diabetes, alergia y asma bronquial.
El mismo médico, que al momento de su aprehensión se declaró inocente, también ha sido vinculado con la red del juez Hernan Galier Quelali, de La Paz, que el 31 de diciembre de 2021, mediante resolución 415/2021, envió con detención domiciliaria a Teresa Valenzuela Guzmán, condenada a 30 años de cárcel por el secuestro y asesinato de una adolescente.
Tras conocerse el caso, Quelali también fue apartado de su cargo y enviado a la cárcel con detención preventiva. Este juez, “basándose en un informe médico realizado por el Dr. Freddy Torrejón Rocabado (...), dispuso la detención domiciliaria de la señora Teresa Edid Valenzuela Guzmán”, informó el ministro de Gobierno.
La abogada Carmen Solari y la trabajadora social Jessica Choquetijlla también figuran dentro de la red de Alcón. Según la Fiscalía, la primera se encargaba de firmar las solicitudes de detenciones domiciliarias con el fin de ocultar el accionar de Paco y la segunda, de verificar que se cumpla la detención domiciliaria, que por lo general era de 18 meses, pero no cumplía esta tarea.
Tanto Alcón, como Paco, Torrejón y Choquetijlla, se encuentran en prisión tras destaparse el escándalo. Solari tiene arresto domiciliario. Uno de los abogados de Alcón, Manolo Rojas, explicó que en febrero pidió medidas sustitutivas para el exjuez por su estado de salud.
El jurista dijo que Alcón sufre de un cuadro de diabetes y que permanece en prisión mientras el proceso en su contra continúa ventilándose en los tribunales.
A los demás abogados de los procesados se les solicitó sus comentarios, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación.
La misma ‘receta’
Si con los ‘liberados’ del exjuez Alcón los bolivianos creyeron que la justicia había tocado fondo, el proceder de Abraham Aguirre, otro juez de La Paz, les quitó la capacidad de asombro. Las autoridades informaron que envió a casa a Davis Apulaca, que purgaba una pena de 30 años por asesinato, amparado en un certificado médico que señalaba que padecía obesidad y en el caso del feminicida Ariel Róger Moya Susano, por un cuadro de Covid-19 y bronquitis aguda. Similar situación sucedió con Marcelino Alejandro Huanca Argandoña, condenado por asesinato.
El cuarto ‘treintón’ beneficiado por este exjuez fue el militar Felipe Froilán Molina Bustamante, condenado en 2007 por torturar y matar en 1980 al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. El Estado boliviano demoró nueve años en capturarlo, pero solo permaneció allí cuatro años. El 21 de febrero de 2020 Aguirre lo envió por un año a casa, amparado en el Certificado de Permanencia y conducta Nº 0083/2022 de la Penitenciaría de Chonchocoro. Del Castillo calificó a este de documento como “argucia y chicanería jurídica”.
Otro juez, pero esta vez en Santa Cruz, que también recurrió al “artículo 196” fue Manuel Baptista. Emitió una resolución con la que envió con detención domiciliaria, a ser cumplida en el centro municipal para drogodependientes El Bajío, a Abraham Peters Dick. Este memonita cumplía condena de 25 años de cárcel por violar —junto a otros ocho hombres— a 150 mujeres y menores de edad de la Colonia Manitoba.
Peters Dick, según el ministro Del Castillo, pagó 25.000 dólares para obtener este beneficio penitenciario. La autoridad dijo que en este consorcio estaba involucrado no solo el juez, sino también Alfredo Negrete, director del hospital, y el abogado Juan Carlos Suñagua. Los tres fueron enviados a prisión con detención preventiva en la primera quincena de marzo.
El menonita que en 2019 salió de la cárcel de Palmasola para rehabilitarse en un hospital, fue recapturado el 4 de marzo de 2022, pero la Policía no lo encontró en el centro de rehabilitación, estaba libre en la colonia Manitoba donde había cometido el delito.
“Nunca se le dio libertad al menonita Abraham Peters Dick. ¡Jamás! Nunca van a encontrar una foja que diga ‘mandamiento de libertad’”, dice el juez Baptista que ya ha vuelto a sus funciones tras salir de Palmasola con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
“Lo que se ha ordenado a favor de este señor es, en atención a un informe psiquiátrico psicológico sobre el estado de salud mental, donde refería que necesitaba un tratamiento especializado en drogodependencia hasta que se recupere”.
Agrega que esta fue una de sus últimas resoluciones antes de ser cambiado del Juzgado Primero de Ejecución Penal al Juzgado Sexto de Instrucción Cautelar, donde actualmente ejerce, razón por la que se deslinda de la responsabilidad de no haber realizado el seguimiento al cumplimiento de la detención domiciliaria y evitar que el memonita retorne al lugar donde viven las víctimas. Dice que esta es una tarea de la trabajadora social, a cargo del juez que lo haya reemplazado.
Sobre los 25.000 dólares que se habrían repartido entre él, el abogado y el sicólogo, responde: “Nadie a excepción del ministro (Del Castillo) menciona 25.000 dólares, esto, me imagino por un error de logística del personal que le colabora”. Además señala que en los expedientes del caso se mencionan 5.000 dólares que pagó el menonita, pero como honorario a su abogado. Niega haber recibido dinero para firmar esta resolución.
Otro caso en el que se denota la manipulación de la justicia y fue expuesto al público es el del exjuez José Ayaviri, en La Paz. De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, de los cuatro sentenciados ‘liberados’ solo una mujer, Seferina Quispe Mamani, purgaba condena por asesinato, el resto estaba en prisión por narcotráfico. A su vez, no se logró determinar la figura jurídica en la que respaldaba sus resoluciones.
Ayaviri, según el documento de la comisión estatal, hasta el 13 de abril estaba prófugo y era investigado por prevaricato, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. Para conocer su situación jurídica actual se le consultó a la Fiscalía de La Paz, pero no hubo respuesta.
También se realizaron solicitudes sobre éste y otros aspectos al Consejo de la Magistratura, que entre sus tarea tiene ejercer la función disciplinaria en el Órgano Judicial, y a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que encabezó la comisión estatal, pero tampoco respondieron.
SENTENCIAS ‘CONGELADAS’
La investigación “Justicia a la carta” también encontró que no solo gozaron de detención domiciliaria aquellos sentenciados que tuvieron los medios para corromper a la justicia, sino también aquellos procesados que, gracias a artimañas legales y un sistema judicial colapsado, lograron ‘congelar’ por años sus sentencias. Uno de esos casos es el de Carmelo Orellana Ruiz, que fue capturado por narcotráfico en Perú, pese a tener detención domiciliaria que le prohíbe abandonar territorio boliviano.
Orellana fue condenado en 2018 a 30 años de cárcel por asesinar y enterrar en una estancia ganadera de San Borja a su trabajador, pero no ha cumplido ni un día de esta condena. De acuerdo a los expedientes judicializados, ese mismo sistema judicial que con celeridad atendió sus pedidos y le permitió defenderse en libertad, andar sin custodia policial y volar sus aeronaves, en cuatro años no ha resuelto un recurso que debería hacerlo en diez días.
Dixon Hisita, abogado de la familia de Bladimir Temo, dice que hubiese querido que con esa misma celeridad la Sala Penal de Trinidad resolviera la apelación que interpuso la defensa de Carmelo; sin embargo, desde que los jueces Norka Díaz Morales y Guido Wilson Inturias emitieron esta sentencia han pasado más de cuatro años y el hombre al que las pruebas lo señalan como uno de los autores del crimen sigue gozando de una detención domiciliaria sin control.
No se pueden haber equivocado tantas personas que recabaron o aportaron pruebas que determinaron la culpabilidad de Carmelo, dice Rosmery Gamboa, la fiscal que investigó este caso hasta su sentencia. “El esfuerzo tanto de los investigadores y del Ministerio Público queda burlado porque se consigue una sentencia condenatoria pero, el sentenciado sigue libre. Hasta da miedo”, agrega.
El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre el estado de la justicia en Bolivia del Relator, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 20 de junio de 2022, señala que en 2021, la Contraloría General calculó que en este país ubicado en el corazón geográfico de Sudamérica, una causa en el Órgano Judicial puede tardar hasta 10 años en resolverse.
Esta batalla en los tribunales es un calvario para las víctimas y familiares, quienes deben enfrentar una serie de obstáculos para acceder a la justicia. Y tal como retrata el informe de la ONU, el buscar justicia por un derecho vulnerado significa para las víctimas tener que “aportar los medios probatorios para la investigación, verse en necesidad de asumir gastos o realizar pagos para que sus casos avancen y no tener acceso a información”.
“Lamentablemente, nuestra justicia no ayuda a las víctimas por algunos administradores que se han convertido en cómplices y encubridores de hechos delictivos que dañan a nuestra sociedad”, dice el abogado Mauricio González y su voz denota total frustración.
Él representa desde hace diez años a Asako Inamine, el mismo tiempo que ella perdió a su hija Chizuko Herrera Inamine, de 24 años, y el mismo tiempo en que tuvo que hacer frente a dos juicios para que el asesino de su hija vaya a prisión, pero sin éxito.
La sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto aplicada a Windsor Andia, esposo de la víctima y padre de su hijo, fue resuelta el 1 de octubre de 2020. Ocho meses después, el 3 de mayo de 2021, dos vocales de la Sala Penal II de Santa Cruz, donde se registró este crimen, la anularon por lo que Andia está libre.
Ya no hay fuerzas para un tercer juicio, agrega el abogado y deja entrecortada la frase. No se anima a pronunciar la palabra “cáncer”, la enfermedad que ha venido enfrentando Asako, además “de rogar, pelear, gastar y recordar constantemente el asesinato de su hija esperando justicia”. En este ínterin ha perdido a su esposo y también ha tenido que hacerse cargo de la crianza y educación de su nieto, hijo de Chizuko.
Ese calvario al que son sometidos familiares y víctimas los hace desistir después de haberlo puesto “todo” en el juicio para lograr una sentencia y cuando creen que ese era el fin, la defensa de los imputados echa mano de una serie de recursos legales que los juristas entrevistados para “Justicia a la carta” identifican como “chicanerias jurídicas”.
En Bolivia crece el pedido de una reforma integral de la justicia | Foto: Ricardo Montero
Luis Yañez, autor del libro “Bases para la reforma del sistema judicial en Bolivia”, explica esta figura ‘en sencillito’. “No es otra cosa que una acción planteada por un abogado para accionar figuras judiciales con el único propósito de dilatar el proceso y que no se genere la sentencia”, dice.
Los abogados de las familias de Bladimir Temo Fresco y de Chizuko Herrera Inamine mencionan que en el proceso de buscar que los culpables cumplan con la sanción que la normativa boliviana impone para el delito de asesinato, pena máxima de 30 años, han enfrentado una serie de apelaciones, incidentes, fallas procedimentales, recursos de casación y anulaciones de fallos gestionados por la defensa de los imputados, que tienen en pausa la sentencia.
Para evitar que un caso no tome décadas en resolverse mediante retrasos y dilaciones, los jueces de instrucción son quienes debieran realizar el control, explica Yáñez. En caso de que esto no se cumpla, debe activarse un proceso por el Consejo de la Magistratura, institución que tampoco realiza un control efectivo. Cabe indicar que las faltas están establecidas en la Ley del Órgano Judicial, recuerda el jurista.
Una reforma urgente
“Existe una justicia que está dejando en libertad a criminales de este calibre (Richard Choque Flores), dándoles impunidad y convirtiéndose en cómplice”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al inicio de la estela de casos de sentenciados ‘liberados’. Esta opinión es compartida por el ministro de Justicia, Iván Lima, por expertos en leyes y por el boliviano al que se le consulte su opinión sobre el estado de la justicia en Bolivia.
De hecho esta percepción se refleja en el Índice de Estado de Derecho que año tras año publica World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial). Bolivia ocupa los últimos lugares a nivel global en desempeño, con el puesto 129 de 139 países. El Estado de Derecho es, señala la Fundación Milenio, una de las condiciones básicas para la convivencia pacífica y un orden político que provee seguridad y respeto de los derechos humanos.
Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Williams Herrera, doctor en Derecho y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, es contundente sobre el estado actual de la justicia en el país: “Nunca estuvo bien pero nunca peor que ahora”.
Actualmente, “no se puede esperar nada bien porque todo está montado para que funcione así”, dice y se refiere al colapso judicial por la corrupción, por la falta de independencia, por la injerencia política, por las chicanerías jurídicas, los códigos procesales demasiado formalistas, los modelos anacrónicos de gestión de tribunales, la deficiente formación de jueces y fiscales, todo esto reflejado en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y compartido por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consultados para esta investigación.
Herrera también observa la insuficiencia de jueces. Bolivia cuenta con 1.134 juzgadores para una población de 11,67 millones de habitantes y se complica aún más el panorama cuando observa que esta cantidad, el 47% ejerce de forma transitoria, lo que significa que “en cualquier momento los pueden echar a la calle. No tienen ninguna estabilidad y el Gobierno de turno lo sabe, los tiene ahí porque los utiliza a propósito”, apunta.
Olvis Eguez, magistrado del TSJ, ve que el tema presupuestario ha sido clave para conducir al Órgano Judicial al fondo en el que se encuentra y que será clave para sacarlo de allí. El presupuesto asignado en los últimos tres años a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, no ha llegado ni al 0,5% del total del Presupuesto General del Estado (PGE), que este 2022 es de 235 mil millones de bolivianos. Es decir, que del total del PGE, el Sistema Judicial recibe 1.175 millones de bolivianos, equivalente a 168,8 millones de dólares.
“Estos recursos tan limitados no permiten sustentar una institucionalidad fuerte y, en especial, remuneraciones adecuadas que atraigan a las personas más calificadas y prevengan la corrupción”, apunta Egüez.
“Cómo el Órgano Judicial puede garantizar la independencia si año a año el Ejecutivo y el Legislativo asignan el presupuesto”, cuestiona Egüez. Lo que asignan, prosigue, no permite la creación de nuevos juzgados, la incorporación de la tecnología o el pago de un salario digno a los jueces. El Órgano Judicial no es independiente ni a la hora de solicitar su presupuesto económico, lamenta.
El magistrado Olvis Egüez defiende que la clave para una reforma integral del sistema judicial es la independencia económica | Foto: Ricardo Montero
El clamor por una urgente reforma judicial es generalizado. Pero, ¿por dónde empezar? Hay iniciativas para reformar la justicia que han sido elaboradas por juristas independientes, como Williams Herrera y Francisco Borenstein, por sectores sociales y también por los propios magistrados. Todas ellas apuntan a una reforma total de la justicia, pero coinciden en que es clave la voluntad política. Caso contrario, tendrá que ser la ciudadanía la que haga escuchar su voz.
El autor del libro “Bases para la reforma del Sistema Judicial en Bolivia”, el jurista Luis Yañez, sugiere empezar por “cambiar las inéditas elecciones judiciales” para las altas cortes que se produjeron en 2011 y 2017, las mismas que —según su análisis— dejaron en evidencia la carencia de una adecuada evaluación de méritos académicos y profesionales; el alto contenido político-partidario y las restricciones a la libertad de expresión de los candidatos.
“Los electores rechazaron estos procesos con alrededor de un 60% de los votos debido a su falta de transparencia y credibilidad. Consecuentemente, las autoridades electas arrastran una falta de legitimidad”, resalta Yañez.
En los primeros días de julio el presidente Luis Arce Catacora promulgó la ley de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de niños, en la que endurece la pena privativa de libertad de 10 a 20 años a los jueces que incurran en prevaricato y de 5 a 10 años para los que se asocien con otros operadores de justicia para ‘liberar’ (delito de consorcio) a sentenciados por estos delitos penales graves.
Arce defiende que esta normativa está encaminada a evitar la impunidad y que casos como el del “feminicida serial” no se vuelvan a repetir.
Expertos en leyes señalan que el cambio no pasa por radicalizar penas porque la crisis no es solo generada por la corrupción, sino que es de todo el sistema judicial y si se continúa con “soluciones parches” Bolivia seguirá asistiendo a la maratón de la impunidad y la corrupción de la justicia.
