Antonio Vaca recorre el país en busca de su hija Valeria desde hace tres años. Cuando desapareció, ella tenía 18 años y la Policía y el Ministerio Público no le hicieron caso. Entonces él descolgó su traje de torero y empezó a recorrer el país vendiendo discos compactos con los jocheos de toros en los que había participado cuando era joven. Así pagaba sus viajes y preguntaba por Valeria, repartiendo su foto en cada rincón de Bolivia.

A la semana de haber desaparecido, Valeria lo llamó y le dijo: "Papi, estoy secuestrada”. Él fue al Ministerio Público, que emitió la orden de aprehensión para el dueño del teléfono y, de ese modo, pudieron dar con el paradero del hombre: “Con mis otras dos hijas, habíamos averiguado adónde iba a votar esa persona en las elecciones presidenciales de 2014, y así lo entregamos a la Policía. En su declaración, según lo que me dijo la fiscal, aseguró tenerla como esposa y que iban a ir a traerla de Petagrande”.

Sin embargo, cuando retornaron de esta comunidad norteña, distante a 250 kilómetros de la capital de Santa Cruz, el hombre cambió su versión, pese a ello fue detenido preventivamente cerca de un año y luego fue liberado.

A partir de ahí, una situación a la que no termina de resignarse: audiencias suspendidas, dilaciones, cuestiones que no logra explicarse. “Yo casi no sé mucho de leyes -dice sentado en un sillón deshilachado de su casa en el barrio Villa Virginia de Montero-, pero he aprendido a hablar por las cosas que he visto. Por lo que uno es pobre, no hay ayuda del Gobierno”.

 
Según datos del Ministerio Público, desde 2012 hasta julio de 2017 se han registrado 3.000 casos de trata y tráfico de personas en Bolivia. De esa cantidad, 473 sucedieron en Santa Cruz. En los cinco años y medio, de los 3.000, solo llegaron a sentencia 39, 31 condenatorias y 8 absolutorias. 991 casos se encuentran en la etapa preliminar; 130, en preparatoria; 109, en juicio; 1.768, causas cerradas y 2, en apelación.

No pierde la esperanza

Ahora Antonio está enfermo. Un toro lo embistió en Oruro el 8 de enero de 2017, cuando participaba de una corrida vendiendo CD´s.[Autor des2]  “Gracias a Dios los doctores me salvaron la vida. Me había accidentado un toro y perdí mucha sangre, cuatro unidades tuvieron que colocarme en Oruro y cuando llegué a Montero me pusieron otra unidad”.

Igual sigue. Y en esa lucha conoció a otros padres que han formado la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp). Entre ellos se dan apoyo, cada uno cuenta su experiencia y el ‘papeleo’ en busca de justicia.

“En algún momento vamos a saber de mi hija, no he perdido las esperanzas, aunque algunas personas me dicen que seguro está muerta", dice Antonio. Pese a sentirse abandonado por el Estado y de contar con el único apoyo de Asafavittp, le ha prometido a su nieta, la hija de Valeria, que un buen día su madre volverá. Por ahora, torear y viajar no puede.

Mientras se recupera del accidente, ambula por las calles de Montero vendiendo refresco junto a su esposa. Ya no viaja, pero su búsqueda no se ha detenido: junto a los demás padres, insiste a la Fiscalía que revise su caso.