La viceministra de Justicia Social y Derechos Fundamentales habló de las políticas que se están implementando en Bolivia y con países vecinos y de la atención a bolivianos en el exterior, víctimas de trata y tráfico

Desde que se promulgó la ley de Trata y Tráfico de Personas ¿Qué avances se ha tenido? Varios. Como cabeza del sector y como secretaría técnica del Consejo de Trata y Tráfico fomentamos la coordinación y la implementación de la norma. Efectivamente, se han aprobado, en el ámbito de la planificación la política plurinacional el 2014, un plan multisectorial de desarrollo integral de lucha contra este delito, donde se han establecido líneas genéricas para que las entidades territoriales autónomas puedan asumir sus propios planes.
Casi todos los departamentos tienen su plan aprobado y sus consejos de trata y tráfico de personas donde están varias instituciones que coordinamos acciones.
El delito de trata y tráfico tal vez no es nuevo, pero es la esclavitud del siglo XXI, es una nueva forma de esclavitud, las personas que son víctimas de este delito tienen trastornos mentales muy grandes, por eso en el ámbito de la atención y protección de las víctimas, se cuenta con el protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas, la ruta de la intervención y con el protocolo de repatriación de víctimas de nacionalidad boliviana en el exterior, que durante el año 2016 ha permitido que 64 bolivianos en el exterior, víctimas de estos delitos, reciban asistencia y protección consular; y que hasta octubre de este año,28 ciudadanos reciban igual atención.
Se ha aprobado la guía de actuación migratoria para detección temprana de situaciones de trata y tráfico de personas y mecanismos de protección, por parte de la Dirección General de Migración, y el manual institucional de promoción y prevención, dirigido a operadores del sistema de salud.

 ¿Qué acciones se están haciendo en las fronteras?
Tenemos dos convenios suscritos con Perú y Argentina y estamos trabajando en el de Brasil. Con Perú ya tenemos un gabinete binacional y estamos generando mecanismos de coordinación a través de guías y protocolos; y con Argentina, por ejemplo, Migración ha incorporado unas tarjetas vecinales fronterizas, entre Yacuiba, Bermejo y Villazón, en las fronteras con Argentina.

 ¿Se ha logrado trabajar entre el Gobierno nacional, departamental y las instituciones que trabajan en esta temática?
Por suerte este tema ha sensibilizado a todos los gobiernos, en todos los niveles del Estado, y casi no hemos tenido problemas en su implementación. Tengo entendido que todos los departamentos, a excepción de La Paz y Cochabamba, todavía no tienen planes, pero sí tienen consejos. Estamos promoviendo la creación de redes interinstitucionales de acción a víctimas conformadas por la Gobernación, Felcc, alcaldías, Migración, Seduca, Sedeges, Jefatura Departamental del Trabajo, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y de la sociedad civil organizada. 

 ¿Cuál es la situación del país con relación al contexto latinoamericano? ¿sigue siendo de origen, recepción y tránsito de víctimas de este ilícito?
Si bien en nuestro país existen hechos vinculados a los delitos de trata y tráfico de personas y demás delitos conexos, siendo en este caso de origen y tránsito de posibles víctimas, las políticas instauradas por el Estado son ejemplo y referente, a escala internacional, del compromiso en la lucha contra este delito.

 ¿Se está trabajando en sistemas de alerta temprana en caso de desaparición de menores?
Tenemos la ley 3933 de Búsqueda, Registro, Información y Difusión de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados que establece los mecanismos a seguir. El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, está trabajando en modernizar los sistemas de identificación de delincuentes, de los reincidentes, estamos generando mecanismos informáticos y tecnológicos novedosos para poder generar mejores condiciones contra la trata y tráfico de personas. Como Ministerio de Justicia estamos más en la difusión de la política pública y la promoción para que los actores lo hagan. El Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, y el Ministerio Público son los  encargados de implementar estos mecanismos. Ya se tienen protocolos para tratar a las víctimas y a los delincuentes. Cuando se identifica a un niño, niña o una persona víctima de trata también se activa un mecanismo multidisciplinario. Se sigue protocolos y guías.

 Hay padres de familia que buscan a sus hijos por sus propios medios y sienten la falta de acompañamiento de las instituciones que tienen que ver con el tema de trata y tráfico de personas
Depende del caso, porque hay jóvenes que se salen de su casa, vuelven después de una semana, y los padres piensan que es un tema de trata, y se activa todo el movimiento con las instituciones, porque no  solamente es  la Policía, es el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Órgano Judicial, es el Ministerio de Salud, Defensoría de la Niñez, y es un gasto para el Estado. Esto no es siempre, pero pasa. Entonces, han creado también mecanismos para identificar indicios de que hay trata y tráfico.
También hay casos donde los padres no dan toda la información y eso causa problema, por eso aprovechamos a incentivar a los padres para que, cuando ocurra todo esto, ayuden en la investigación. Tenemos un gran índice de denuncias falsas.

 ¿Cuál es el presupuesto anual destinado a la lucha contra la trata y tráfico?
A través del trabajo desarrollado por las instancias del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, para la ejecución del plan multisectorial, se consignó la programación de un presupuesto plurianual de Bs 32.582.424, de los cuales las instituciones que conforman este Consejo comprometieron de su presupuesto institucional la suma de 15.121.675. Respecto al presupuesto ejecutado, cabe indicar que durante la gestión 2016, conforme el plan de actividades del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, se planificó ejecutar un total de Bs 3.124.770. Por su parte, los gobiernos autónomos departamentales, al contar con obligaciones específicas sobre la atención de víctimas de trata y tráfico de personas en centros de acogida especializados, también cuentan con un presupuesto específico para abordar este tema.