En sus 46 años de vida Lorenza Hilario no había sentido la necesidad de recorrer los 14 kilómetros que separan a la ciudad de El Alto con la sede de Gobierno. Con limitaciones y largas jornadas de trabajo su vida estaba hecha en la urbe alteña. Sin embargo, el 14 de julio de 2016 la desgracia, como ella la llama, tocó a su puerta y tuvo que armarse de valor, vencer su miedo a lo desconocido y hacer más que ir a la ciudad de La Paz.

Desde entonces hasta la fecha, ya con 48 años, ha perdido la cuenta del número de veces que ha acortado la distancia entre su casa, en la calle Atipiri D, y la capital paceña. Dice que lo ha hecho para intentar llamar la atención de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno para que le ayuden a buscar a su hija Juliana Condori Hilario, de 12 años, que desapareció ese fatídico 14 de julio.
Cuenta que ese día salió temprano a trabajar. "Tenía que mezclar cemento", dice. Dejo a ‘Yuli’, como la llama de cariño, al cuidado de su hermana mayor. Cuando retornó, a las 22:00, a su Yuli “se la había tragado la tierra”. Simplemente desapareció cuando –según supo por las explicaciones de sus hijos–  hacía el recorrido de la casa de su hermano mayor a la suya, desde Juntuma hasta Atiride D. El tramo, calcula Lorenza, es de unas cuatro cuadras. Ahí ‘se lo tragó la tierra’.

Lo poco que pudo averiguar después de caminar y caminar con la fotografía de su hija en la mano; de preguntar y preguntar a cuánto vecino se le cruzó en el camino y a quien le prestó atención en las trancas de control de El Alto hasta el Desaguadero, donde fue con sus hijos a pegar panfletos de la desaparición de Yuli, es que: “Un hombre llevaba a una niña parecida a la de la fotografía. La niña iba llorando. En el puente Bolivia, de El Alto, la bajó de un vehículo y la subió a una vagoneta blanca en la que lo esperaban otros dos hombres. ‘Cállate, cállate. Ahorita vamos a llegar donde tu madre’, le habían dicho para hacerla callar”, relata Lorenza.

Hace cuatro años quedó viuda. Yuli era su compañía. Ahora de tanto llorarla está perdiendo de a poco la visión. A cada rato se pregunta si habrá comido, si estará sufriendo, si estará viva o muerta. Sin embargo, lo que le causa más dolor le provoca es pensar que alguien esté comercializando el cuerpo de su pequeña.
En este calvario en que se ha convertido su vida encontró a otra madre que vive en carne propio el mismo dolor: Lidia Ramos. Esta mujer, que tiene a su hija desaparecida desde junio de 2014, ha sumado a más padres con quienes, además de sufrir la ausencia de sus hijos, juntan esfuerzos para buscarlos. Cuando uno de ellos se desplaza a otro departamento no solo carga la foto de su hijo, sino también la de los hijos de los del grupo.
Su tarea ahora es llamar la atención de las autoridades para que pasen del discurso a la acción. “No queremos promesas, queremos que nos ayuden a encontrarlos”, dice Lorenza.

Lo que dicen las autoridades
Elizabeth Zabala, asesora legal de la Fundación Munasim Kullakita, lamenta que haya organizaciones de familiares de desaparecidos cuyas filas van en aumento. Esto existe, sostiene, porque no hay una estructura del Estado que pueda soportar los requerimientos que tienen ellos o todo lo que establece la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas que establece a las víctimas de este flagelo como una prioridad social. 

Sin embargo, –observa Zabala– que la responsabilidad no es solo del aparato estatal, sino también de la ciudadanía que, así como se preocupa por pedir pavimento para sus calles u otras obras, debe exigir asignación de recursos para fortalecer, por ejemplo, a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y a la Policía.
La viceministra de Justicia, Cecilia Urquieta, indica que los avances que se han tenido desde la promulgación de la ley 263 son significativos. Destaca la existencia de una agenda 2016-2020 en la que convergen los gobiernos departamentales y municipales con el central, así como las instituciones públicas y privadas relacionadas con esta temática.
Agregó que en el ámbito de la prevención se desarrollaron una serie de campañas comunicacionales presenciales y también en los medios de comunicación, además de que, en 2016, se ejecutaron 2.822 operativos policiales y se atendió a 68 compatriotas víctimas de trata y tráfico en el exterior del país. 

Urquieta también destaca la implementación de un protocolo para atender a víctimas, de una ruta de intervención y de repatriación, así como la guía de actuación migratoria para la detección temprana de situaciones de trata y tráfico. Sin embargo, para los padres que buscan a sus hijos este sigue siendo insuficiente; demandan acciones.