El 20 de junio de 2015 fue un día lluvioso y frío. María Rita Hurtado -cuántos años, profesión, algo más- hacía malabares entre dos trabajos, con su esposo lejos, en el campo, y le pidió a su hija Dayanna que fuera a ayudar. “Ya papito, ya papito, ya me estoy de ida”, dijo apurada la hija de 19 años, y se cortó la llamada. Nunca llegó.

"No sabíamos qué hacer -dice Rita sentada en el sofá de su sala-. Mi esposo fue a sentar la denuncia al Plan Tres Mil y le dijeron que tenían que pasar 72 horas y que era mayor de edad. Sus compañeros decían que el excortejo era muy absorbente, y en principio todo se dirigió hacia él, porque le había llamado pidiéndole que se reúnan ese día en una plazuelita". Se vieron, se separaron y a Dayanna no volvieron a verla. EL caso fue registrado como privación de libertad.

Rita y su esposo, Héctor Nelson Algarañaz, reclaman que el caso se encuadre como trata. En base en sus propias investigaciones han encontrado nuevos datos que los hacen sospechar que Dayanna ha caído en manos de tratantes por lo que no� miden esfuerzos en la búsqueda: “Nos fuimos con mi hijo a diferentes lenocinios. Me he disfrazado de hombre muchas veces, he recibido malos tratos”.

También han conformado la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, se brindan apoyo mutuo con otros padres. “Las víctimas por ahora estamos desamparadas, estamos solas, no tenemos el apoyo de un Estado, ni siquiera la sociedad civil está escuchando y no se está dando cuenta de que está peligrando el futuro de Bolivia, de nuestros hijos. Las víctimas (de trata) estamos solas”.